4 DE MAYO DE 2026 12:57 HRS
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Luisa María Alcalde explica estado actual del proceso de extradición contra Rubén Rocha Moya

La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que no hay solicitud formal de extradición contra Rubén Rocha Moya y que la petición estadounidense sólo es una detención provisional sin pruebas suficientes.

4 de mayo de 2026 2 min de lectura
Luisa María Alcalde explica estado actual del proceso de extradición contra Rubén Rocha Moya
Luisa María Alcalde explica estado actual del proceso de extradición contra Rubén Rocha Moya
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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confirmó que no existe una solicitud formal de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El proceso se encuentra en una etapa preliminar.

Diferencia entre detención provisional y solicitud formal

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Alcalde explicó que las autoridades estadounidenses sólo han presentado una petición de detención provisional con fines de extradición, no la solicitud formal. Esta última requiere la presentación completa de cargos, pruebas y orden de aprehensión, conforme al Tratado entre México y Estados Unidos.

La detención provisional se aplica en casos de urgencia, como riesgo de fuga o de obstaculización del proceso. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas suficientes que acrediten ese riesgo, por lo que la petición no está debidamente fundamentada.

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Solicitud de información adicional y próximos pasos

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó más información al gobierno estadounidense para sustentar la petición, tras recibir la opinión de la FGR que consideró insuficientes los elementos presentados. En caso de acreditarse la urgencia, la Fiscalía podría solicitar ante un juez de control la detención provisional, lo que daría un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.

Actualmente, no existen elementos suficientes para determinar la urgencia, por lo que se requiere que el país solicitante aporte más datos. Además, ni la FGR ni la Cancillería decidirán sobre la procedencia de la detención; será un juez quien evalúe los datos de prueba.

Alcalde enfatizó: “Quien lo va a determinar es un juez de control, no la Fiscalía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores“.

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