La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel sea resultado de una persecución política y afirmó que se trata de un proceso judicial respaldado por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que lleva más de un año.
Durante su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum explicó que la orden de aprehensión contra Ruffo Appel se emitió tras reunir pruebas en una indagatoria relacionada con una presunta red de contrabando de combustible. La mandataria señaló que “es falso que haya un asunto político” y que la investigación ha seguido todas las diligencias necesarias para garantizar la validez de la orden ante los jueces.
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Presunta red de contrabando de combustible
Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La FGR lo acusa de participar en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocidos como “huachicol fiscal“, mediante operaciones vinculadas a una empresa en la que sería socio mayoritario.
La investigación identificó una estructura compuesta por agentes aduanales, empresas y una red de distribución ilegal de hidrocarburos con operaciones en varias entidades del país. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión relacionadas con este caso y que hay más mandamientos pendientes.
Respuesta a críticas por supuesta justicia selectiva
Sheinbaum respondió a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, quien calificó la detención como un caso de “justicia selectiva“. Calderón afirmó en X que existen funcionarios de Morena acusados de delitos graves que no han sido investigados ni detenidos.
La presidenta rechazó esa versión y aseguró que las investigaciones se realizan sin importar la filiación política de los involucrados. “No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro sí. De ninguna manera”, afirmó.
Además, recordó que durante su administración se han iniciado procesos contra más de 25 presidentes municipales de diferentes partidos por presuntos vínculos con redes delictivas o corrupción.








