La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.
La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Cienfuegos volvió a México a mediados de noviembre, un mes después de su detención en el aeropuerto de Los Ángeles, el 15 de octubre. Estaba acusado por los el gobierno de los Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero; sin embargo, una petición diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador obligó a los Estados Unidos a retirar los cargos en su contra.
Durante la noche de ayer, la FGR publicó un extenso comunicado en sus redes sociales. En este documento pudo leerse que, tras analizar el caso, concluyeron: “que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”. Así, el general Cienfuegos quedó exonerado en ambos lados de la frontera.
El caso generó un evidente conflicto entre el gobierno mexicano y el estadounidense. Por un lado, las autoridades mexicanas alegaron no que se les notificó de la investigación contra Cienfuegos. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard esgrimió este argumento contra el embajador Cristopher Landau y el fiscal general William Barr; Ebrard expresó “sorpresa y el descontento” ante el hecho. Además, México amenazó con expulsar a los agentes extranjeros que trabajan en casos en territorio nacional; asimismo, prometió modificar el marco legal para que estos funcionarios de agencias de seguridad fueran más transparentes. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos envió a las autoridades mexicanas 700 páginas de pruebas que cimentaban el caso contra Cienfuegos. Finalmente, el Departamento de Justicia estadounidense retiró los cinco cargos. El retorno del general Cienfuegos a México se consideró una victoria diplomática sin precedentes, así como una clara amenaza de la impunidad en México.
El caso Cienfuegos
Cuando Cienfuegos volvió a México, el Ministerio Público le informó que abrió una investigación en su contra con pruebas proporcionadas por la DEA. La FGR afirmó la “total disposición” del sospechoso para cooperar con la investigación. A inicios de este año, la misma FGR afirmó que Cienfuegos accedió al expediente de su acusación; desde esa fecha presentó todas las pruebas en su defensa que lo exoneraron.
La DEA acusó al militar de trabajar con una escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Esa acusación es fruto de una investigación iniciada en 2013, que se mantuvo en secreto de las autoridades mexicanas. En la operación, las autoridades extranjeras interceptaron supuestos mensajes de Blackberry que relacionan al general con los mencionados narcotraficantes. Los agentes estadounidenses aseguran que estas son pruebas incriminatorias. Aseguran que son pruebas de que el general amparó al narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2: a cambio de sobornos, evitó hacer operativos que lo afectaran. También ayudó a que el crimen organizado se expandiera en el Estado de Sinaloa.
En cambio, la FGR aseguró que halló prueba alguna de que Cienfuegos haya utilizado equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo. Las autoridades mexicanas también señalan que no existe ningún “dato” o “síntoma” alguno de la “obtención de ingresos ilegales” que hayan aumentado la riqueza del general Cienfuegos “fuera de lo normal”. Estos motivos han llevado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a no emprender ninguna acción penal.
Mientras el exsecretario estuvo detenido en California, su defensa ofreció el pago de una fianza de 750.000 dólares. Se trataba de los ahorros de toda la vida del general según su abogado, para seguir el proceso en libertad. La decisión fue rechazada por el riesgo de fuga del ex alto cargo. Las autoridades temían que volviera a México. El juez Alexander MacKinnon consideró que sería fácil para una persona con sus conexiones políticas evadir la justicia.
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