El día de ayer, les trajimos la noticia de que el Presidente Enrique Peña Nieto haría una evaluación de la Ley 3 de 3, del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta “reevalución” iba a estar enfocada principalmente en el artículo 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero el día de hoy, Peña Nieto ha vetado el artículo 32, el cual obliga a todas las personas que manejen recursos públicos (desde dirigentes de empresas a becarios de programas sociales) a rendir su declaración patrimonial y de ingresos.
Debido a la presión de empresarios, Peña Nieto ha derogado este artículo en sus incisos b y c, además de otros 15 artículos relacionados al mismo. Este cambio, se debe a la presión de las empresas, las cuales califican a esta regulación de excesiva e inoperante:
“El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.”
Estas declaraciones fueron compartidas por Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, quien apuntó que toda persona que trabaje en empresas que tengan contrataciones con el gobierno, deberán de obligar a todos sus empleados a hacer las mismas declaraciones, las cuales atentan contra los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República:
“Con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional de Anticorrupción.”
No pues que detalle, como siempre pensando en la ciudadanía, y no en las fuentes de dinero que perderían de llevar a cabo esta ley, la cual se podría modificar de manera que solo aquellos que tienen el trato directo y manejo del capital gubernamental tuvieran que declarar, y no el empleado que ni vela tiene en el entierro.
Vía: El Universal/La Jornada
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Enrique Peña Nieto veta el artículo 32 de la Ley 3 de 3
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