Pues parece que siempre sí, que el gasolinazo sí afecta, no sólo políticamente sino también en los bolsillos, más de lo que dice el gobierno, que en declaraciones varias a lo largo del mes pasado lo negaba. Así, por ejemplo, según los medios de comunicación, la Secretaría de Gobernación sostuvo que “el aumento a los precios de los combustibles no significa que habrá más inflación, pues se vigilará que no haya incrementos injustificados en productos”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también hizo varias declaraciones tales como: “Vemos un repunte en la inflación de enero que se espera sea temporal, conforme señala el Banco de México” y en otra que “el impacto inflacionario habrá de ser temporal y habrá de diluirse en el tiempo”, y así otras más.

Lo único claro hasta ahora, y con datos reales, es que la inflación de la primera quincena del mes pasado alcanzó la cifra de 1.51%, que ha sido la más alta en los últimos casi 20 años. Como se informa en nuestro periódico Excélsior, en una encuesta levantada el mes pasado, la canasta básica alimentaria se encareció 3.1%, tasa similar a la inflación registrada en productos y servicios durante todo 2016 (3.3%), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre los alimentos que más aumentaron se encuentra uno básico en la dieta de la población: la tortilla, misma que en promedio tuvo un 8.3% de incremento con respecto a diciembre. Y falta conocer la información de cuánto se ha incrementado el transporte público para los que menos tienen, es decir, quienes toman peseros en todo el país, los cuales ya han subido sus precios como consecuencia del incremento a la gasolina, desvirtuando en parte la afirmación de que los más afectados con el aumento son los propietarios de automóvil.

Otra de las falacias es que a través de la Procuraduría del Consumidor (Profeco) se van a controlar y vigilar los precios de miles de artículos, en un país donde el único precio que realmente controlan es el de la fuerza de trabajo, o sea, el salario. Y, por cierto, el supuesto “gran aumento” al salario mínimo ya está siendo diluido en el primer mes de aplicación. ¿Cuántos vigilantes serían necesarios para controlar los precios? Y, además, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos que tienen para saber si es correcto el incremento?

Ha sido tan mal manejado el asunto que las protestas han estado a la orden del día; incluso, algo nunca visto, ha habido saqueos de tiendas. Hoy la población está enardecida en contra de un gobierno que está peor que nunca en porcentaje de aceptación, a pesar de todo el apoyo con respecto al impresentable señor Trump.

La iniciativa privada también está preocupada y ha pedido, a través de su máximo órgano, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que “es deseable mantener los precios de las gasolinas similares a los que existen y se postergue un nuevo gasolinazo”.

Por supuesto el gobierno se encuentra en una encrucijada y, por ello, tomó la decisión de no incrementar el precio de las gasolinas el día de ayer, con lo cual se le vuelve a complicar el asunto económico y seguramente recurrirá a otro recorte presupuestal, con lo que se afectará su propio funcionamiento y no se resolverá el problema. No obstante, este mes la CFE ha vuelto a incrementar sus tarifas por segunda vez en el año, lo que da como resultado que para el sector industrial el aumento sea de 52% y para los usuarios domésticos de alto consumo de 25%, con respecto a febrero del año pasado.

Incremento de precios, devaluación del peso, inflación fuera de los parámetros esperados, crecimiento del PIB de máximo 1.5% y recortes presupuestales no son la mejor manera de sacar adelante a un país que tiene, al menos, a la mitad de la población en situación de pobreza.

Es el momento de cambiar de ruta y hay propuestas sobre la mesa. Lo único necesario es atreverse a hacerlo y demostrar que sí hay futuro, más allá de seguir de manera invariable con lo mismo de hace 30 años, con los resultados que tenemos a la vista.