WASHINGTON.

Las iniciativas del presidente electo Donald Trump sobre la inmigración ilegal se están pareciendo cada vez más a las del actual mandatario Barack Obama.

En su primera entrevista posterior a las elecciones, Trump dijo que de entrada se concentrará en los inmigrantes sin permiso de residencia que tenga antecedentes penales y no en todos los extranjeros sin papeles. Calcula que puede haber entre 2 y 3 millones de inmigrantes en esas condiciones, aunque esa cifra parece un poco exagerada.

¿Y qué hay de esa “guerra grande y hermosa” que dijo libraría en la frontera con México? Ahora habla de construir un muro en partes de la frontera, no en toda su extensión.

Las posturas actuales contrastan con las promesas fuertes que hizo durante su campaña. Como candidato, dijo que deportaría a todas las personas que estuvieran viviendo ilegalmente en el país y que México debía pagar por un muro fronterizo que costaría miles de millones de dólares.

Vistazo a las cambiantes posturas de Trump sobre la inmigración ilegal:

Se enfoca en delincuentes

En una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS difundida el domingo Trump dijo que la política contra la inmigración ilegal se enfocará principalmente en los delincuentes.

Vamos a ocuparnos de los delincuentes con antecedentes delictivos, de los pandilleros y los vendedores de drogas”, afirmó. “Hay mucha gente como esa, probablemente 2 millones de personas, tal vez 3 millones. Los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar”.

Insistió: “Los vamos a sacar del país. Están aquí ilegalmente”.

El Departamento de Seguridad Nacional se ha manejado con el mismo criterio bajo el gobierno de Obama. Desde el 2010 más de la mitad de los deportados fueron gente con antecedentes delictivos. Y a lo largo de su presidencia fueron deportadas más de 2.5 millones de personas.

Trump no aclaró el domingo cómo pillará a los delincuentes. Anteriormente había hablado de revivir programas que dan a los agentes del servicio de inmigración permiso para ingresar a las cárceles e identificar a las personas que viven en el país sin autorización.

Si lo intenta, es probable que las autoridades locales se opongan. Las leyes locales en algunos casos prohíben la cooperación con las autoridades de inmigración. Y algunos fallos judiciales hacen que resulte difícil retener a los inmigrantes una vez cumplidas sus sentencias o porque violaron las leyes de inmigración.

Es más complejo todavía deportar inmigrantes que no están presos. Muchos viven en las sombras y detectarlos requeriría mucho tiempo y dinero.

Cada deportación cuesta unos 12 mil 500 dólares, según un estimado del gobierno.

Hasta 3 millones de delincuentes

La cuenta de Trump es probablemente muy exagerada. En el 2012, funcionarios de seguridad nacional calcularon que hay unos 1.9 millones de inmigrantes que podrían ser deportados. Pero el gobierno no aclaró cuántos de ellos están en el país ilegalmente.

Un análisis posterior del Migration Policy Institute, un grupo de estudios de Washington, concluyó que hay sólo 820 mil inmigrantes sin permiso de residencia que han cometido delitos. El otro millón tenía status legal, incluidas visas, permisos de residencia y otros permisos.

Es posible deportar a personas con tarjeta “verde” de residencia, pero es un trámite que puede exigir un prolongado proceso legal.

Cerco o Muro

Voy a construir un gran, gran muro en la frontera sur”, declaró Trump al lanzar su campaña presidencial en junio del 2015. “Y haré que México pague por ese muro”.

En casi todos sus actos repitió esa promesa.

En la entrevista del fin de semana, no obstante, Trump cambió de libreto.

Dijo que, en determinados sitios, “podría haber algunos cercos” y en otros muros propiamente dichos.

No especificó dónde habría vallas y dónde muros. Pero su disposición a instalar vallas en lugar de muros marcó un cambio bastante significativo.

Los cercos fronterizos no son nada nuevo. Hay cercos a lo largo de poco más de mil kilómetros (650 millas) en Texas, New Mexico, Arizona y California, que abarcan casi un tercio de la frontera.

Bajo el gobierno de George W. Bush, el Congreso autorizó una partida de mil 200 millones de dólares para construir muros de dos paneles a lo largo de cientos de kilómetros. El Congressional Research Service y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército calculan que ya se han invertido unos 7 mil millones de dólares en cercos.

Cualquier construcción nueva a lo largo de la frontera será una tarea costosa y complicada. Se calcula que costaría entre 10 mil millones y 20 mil millones de dólares.

Trump enfrentaría además una cantidad de regulaciones del medio ambiente, objeciones de propietarios de tierras y un tratado de 1970 con México que regula las estructuras a lo largo de los ríos Bravo y Colorado en la frontera.

gak