La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de presos políticos y personas procesadas por motivos políticos desde 1999. La medida, impulsada por el Gobierno, busca facilitar excarcelaciones y cerrar procesos judiciales vinculados a episodios de polarización y protestas.
El Gobierno, encabezado por la encargada Delcy Rodríguez, presenta la norma como un paso hacia la reconciliación y la convivencia política tras décadas de confrontación. Las autoridades sostienen que la ley permitirá avanzar hacia una nueva etapa política y aliviar tensiones tras años de conflicto.
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La nueva ley de amnistía contempla perdón para delitos políticos cometidos en diversos momentos de crisis del país, aunque incluye exclusiones claras. No se aplicará a casos de homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos, corrupción ni acciones armadas, lo que ha generado polémica entre sectores críticos.
Organizaciones de derechos humanos y grupos opositores han valorado la medida con cautela y críticas. Aprecian que puede suponer alivio para algunas familias, pero advierten que deja fuera a muchos detenidos y no garantiza la restitución automática de derechos o bienes confiscados.
La ONG Foro Penal estima que, pese a las excarcelaciones iniciadas en enero, más de 600 personas continúan encarceladas por motivos políticos. Al mismo tiempo, diversos sectores reclaman mayor transparencia en los criterios de aplicación de la amnistía y su extensión a quienes permanecen en el exilio.
Tras varios días de debate parlamentario y protestas de familiares de detenidos, la ley fue remitida para su promulgación y publicación oficial. Su impacto real dependerá de cómo se implementen los procesos de liberación y revisión judicial en las próximas semanas.
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