Ciudad de México.– Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no usarán ni conservarán las camionetas Jeep Cherokee recién adquiridas, cuyo precio por unidad ronda los 1.7 millones de pesos, y solicitarán su devolución o reasignación conforme a la normativa vigente, luego de que la compra generara un amplio rechazo en la opinión pública y en redes sociales.
Polémica por el alto costo y el discurso de austeridad
La SCJN dio a conocer la decisión este domingo a través de sus canales oficiales, indicando que las ministras y ministros acordaron no utilizar los vehículos y que se seguirá el procedimiento administrativo correspondiente para devolverlos o, en su caso, ponerlos a disposición de juzgadores que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones.
La compra de las nueve camionetas, que formaba parte de una renovación del parque vehicular del máximo tribunal, había generado críticas por su elevado costo y su contraste con los llamados a la austeridad, especialmente en un contexto de políticas públicas centradas en el uso responsable de recursos públicos.
Contexto y justificaciones institucionales
Las unidades, que habían sido publicadas recientemente como parte del equipamiento oficial, fueron justificadas inicialmente por la Corte como una medida de seguridad y protección para los ministros, además de una manera de disminuir costos a mediano plazo frente al arrendamiento, mantenimiento y consumo de combustible.
No obstante, tras la difusión de la adquisición y el debate público que incluyó cuestionamientos por el emplacamiento en el estado de Morelos —lo que habría implicado un menor pago de tenencia vehicular—, las autoridades optaron por dar marcha atrás ante las críticas.
Próximos pasos y conferencia de prensa
La Suprema Corte informó que ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre la decisión y el procedimiento de devolución de las camionetas. Según el tribunal, la medida busca garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y responder a las exigencias de transparencia planteadas por la ciudadanía y diversos actores políticos.
El proceso de devolución se llevará a cabo conforme a la normativa interna aplicable y se evaluará la posibilidad de reasignar las unidades a funcionarios que, por razones de seguridad, puedan requerir vehículos de estas características, siempre bajo los lineamientos establecidos por el Poder Judicial de la Federación.
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