Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
El reloj roto de Imelda Castro
Propaganda fuera de tiempo, ventajas indebidas y el riesgo de normalizar el arranque en falso rumbo al proceso electoral en Sinaloa. En política, el tiempo no es un detalle menor: es la frontera entre la legalidad y el abuso. Y cuando esa frontera se cruza, aunque sea con volantes “inofensivos”, el mensaje que se envía es profundamente revelador.
La reciente distribución de propaganda con el nombre de la senadora sinaloense Imelda Castro Castro en colonias del centro y norte del estado no es un hecho menor ni una anécdota administrativa. Es un síntoma político que prende focos rojos en pleno preámbulo del proceso electoral. No porque lo diga la oposición, sino porque lo establece con claridad la ley electoral y la jurisprudencia.
Conviene subrayarlo con precisión quirúrgica: no es necesario pedir el voto para que se configure un acto anticipado de campaña. La promoción personalizada fuera de los tiempos legales —cuando posiciona nombre, imagen o identidad política— puede ser suficiente para romper el principio de equidad en la contienda, ese pilar que sostiene cualquier democracia que aspire a ser algo más que una simulación.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como los criterios reiterados del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han sido claros: el uso adelantado de propaganda no es una falta menor, es una ventaja indebida. Y en política, las ventajas indebidas no son errores: son decisiones.
Aquí el debate no es ideológico. No es Morena contra oposición, ni una guerra de siglas. El debate es más incómodo: ¿quién se siente con derecho a adelantarse a la ley? ¿Quién asume que el posicionamiento previo es tolerable si se hace en silencio, casa por casa, volante por volante?
El silencio hasta ahora —tanto de la senadora como de la autoridad electoral— también comunica. Comunica incertidumbre, pero sobre todo comunica una peligrosa normalización: la idea de que la ley electoral es flexible para algunos y estricta para otros. Y esa percepción, más que cualquier volante, erosiona la confianza ciudadana.
Sinaloa no necesita políticos con prisa. Necesita actores públicos con temple democrático, capaces de entender que respetar los tiempos no es una cortesía, es una obligación. Porque cuando se juega con el reloj electoral, no se adelanta una candidatura: se atrasa la credibilidad del sistema. Y en política, perder credibilidad suele ser el primer paso para perder algo más.
GOTITAS DE AGUA:
La reiteración de criterios del INE y del TEPJF ha dejado claro que la promoción personalizada fuera de los periodos autorizados distorsiona la competencia, genera ventajas acumulativas y coloca al resto de los actores en una posición desigual. No se trata de intencionalidad declarada, sino de efectos jurídicamente medibles: posicionamiento previo, recordación del nombre y construcción temprana de identidad política. La distribución sistemática de propaganda territorializada refuerza estos efectos y agrava la falta. Por ello, minimizar estos actos o escudarse en la ambigüedad del mensaje no solo debilita el marco normativo, sino que sienta un precedente peligroso de tolerancia selectiva. En un Estado democrático de derecho, el respeto a los tiempos no es optativo ni negociable; es una condición indispensable para que la contienda sea auténticamente libre. De lo contrario, la ley deja de ser árbitro y se convierte en ornamento, y la democracia en un ejercicio condicionado por quien se adelanta sin consecuencias. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
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