Ciudad de México.- Fortalecer la justicia penal ante delitos graves cometidos por adolescentes fue el objetivo de una iniciativa presentada en el Senado de la República. La propuesta busca atender delitos dolosos de extrema violencia en los que participan jóvenes de 16 y 17 años.
El planteamiento respondió al incremento de este tipo de conductas y a la necesidad de cerrar vacíos legales que limitan la actuación del Estado.
Propuesta de reforma al sistema de justicia penal
Cambios a leyes nacionales
La iniciativa propuso reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, planteó crear un mecanismo excepcional para casos específicos.
De este modo, se permitiría que, al alcanzar la mayoría de edad, la sanción se ejecute bajo el régimen penal ordinario.
Aplicación en delitos de extrema gravedad
El mecanismo aplicaría únicamente a adolescentes involucrados en delitos dolosos de alta gravedad. Entre ellos se mencionaron homicidio doloso, secuestro, violación agravada y portación de armas de fuego.
En consecuencia, la propuesta se limitó a escenarios donde existe una afectación grave a la seguridad pública.
Incremento de delitos cometidos por menores
Cifras oficiales sobre homicidio doloso
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores crecieron más de 40 por ciento entre 2019 y 2024.
Asimismo, en la Ciudad de México se duplicaron los casos de adolescentes detenidos por homicidio y portación de armas.
Factores de riesgo y reclutamiento criminal
Organizaciones civiles advirtieron que más de 250 mil menores se encuentran en riesgo de ser cooptados por grupos delictivos. Entre los factores identificados se encuentran la pobreza, la desintegración familiar y la percepción de impunidad.
Por ello, el fenómeno se consideró un problema estructural en diversas entidades del país.
Casos recientes y contexto nacional
Investigaciones recientes vincularon a adolescentes con delitos de alto impacto, incluidos homicidios ocurridos en distintas regiones del país. Estos casos evidenciaron una participación activa de jóvenes dentro de estructuras criminales.
En consecuencia, se reabrió el debate sobre la eficacia del marco jurídico vigente.
Enfoque garantista y respeto a derechos humanos
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que la iniciativa no buscó criminalizar a la juventud. Por el contrario, planteó dotar al Estado de instrumentos proporcionales y garantistas.
Además, la propuesta incorporó un nuevo Título VII Bis, con criterios, plazos y procedimientos claros, basados en evidencia técnica y respeto a los derechos humanos.
Objetivos de la iniciativa
La reforma tuvo como finalidad cerrar vacíos legales, fortalecer la seguridad pública y restituir la confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo, se planteó mantener el enfoque educativo del sistema juvenil, sin dejar de atender delitos de extrema violencia.
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