Revocación de mandato, con candados; Constitución para la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.

Revocación de mandato, reelección de diputados, eliminación de su fuero y un sistema semiparlamentario propone el proyecto de Constitución para la Ciudad de México que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó ayer a la Asamblea Constituyente.

En el caso de la revocación, ésta se aplicaría para el titular del Ejecutivo local, los diputados y los alcaldes de la capital del país, siempre y cuando “haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate”, entre otras reglas.

El proyecto de Constitución para la capital del país también incluye propuestas de referéndum, plebiscito y las consultas ciudadanas como mecanismos vinculantes en la toma de decisiones de gobierno. Plantea que los jóvenes de 16 años ya puedan votar en los procesos locales.

Innovan con revocación, voto a los 16…

La posibilidad de que el Jefe de Gobierno sea removido de su puesto, el derecho a votar desde los 16 años, la reelección consecutiva de diputados, la eliminación del fuero y la instauración de un sistema semiparlamentario, inédito en la historia del país, son algunas de las propuestas de avanzada que contempla el proyecto de Constitución local.

El documento fue entregado ayer por el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, en el marco de la instalación de la Asamblea Constituyente, cuerpo que durante los próximos cuatro meses y medio analizará, discutirá y, en su caso, modificará el planteamiento, todo esto contemplado en la Reforma Política de la Ciudad de México.

De acuerdo con el artículo 30 de la propuesta, elaborada por el Grupo Redactor designado por Mancera el pasado 5 de febrero, la revocación de mandato del titular del Ejecutivo local, los diputados o alcaldes procederá “cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate”.

Para solicitarla se deberán presentar las firmas de al menos 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo, aunque también el propio titular de un cargo de representación popular podría pedir ser sometido a este proceso.

Para que la remoción sea obligatoria deberá haber votado a favor al menos el mismo número de personas con los que el titular del cargo fue electo. En caso de que proceda, se convocará a nuevas elecciones en un plazo no mayor a sesenta días naturales.

También se incluyen propuestas de referéndum y plebiscito, válidos con la participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal de electores, y las consultas ciudadanas como mecanismos vinculantes en la toma de decisiones de gobierno.

El proyecto de Constitución prevé en su artículo 29 que al cumplir 16 años, las personas adquieran el derecho al sufragio libre, universal, secreto y obligatorio en los procesos locales de elecciones y de participación ciudadana.

“Se reconoce la ciudadanía universal e integral como un vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que pertenecen para el goce de los derechos reconocidos en esta Constitución”, señala.

Respecto al Poder Legislativo, se denominará Congreso de la Ciudad de México, se integrará por 66 diputaciones, 33 electas por la vía uninominal y 33 de listas plurinominales, y tendrá periodos de tres años.

Se plantea que los diputados puedan ser electos a partir de los 18 años y hasta por cuatro periodos consecutivos, aunque no gozarán de fuero ni inmunidad alguna.

Otra innovación es que la facultad de iniciar leyes o decretos compete al jefe de Gobierno, los legisladores, el Tribunal Superior de Justicia, organismos autónomos, alcaldías y la ciudadanía que reúna al menos 0.25% de la lista nominal de electores.

El documento establece un gobierno de coalición, donde el jefe de Gobierno esté obligado a hacer alianzas con los partidos para alcanzar mayorías que permitan tomar decisiones de gobierno.

Como antecedente, en las elecciones de 2015 ningún partido alcanzó por sí solo la mayoría en la Asamblea Legislativa.

“Se introducen las figuras de gobierno de coalición, así como mecanismos de control parlamentario para fortalecer el equilibrio entre los poderes”, se señala en la exposición de motivos de la propuesta.

En el artículo 39, inciso B, se detalla que “el Poder Ejecutivo podrá formar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso local (…) a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática”.

El gobierno de coalición estaría integrado por los titulares de las secretarías propuestas por la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el Congreso.

Además, las alcaldías sustituirían a las jefaturas delegacionales y el titular de cada una cogobernará con un Concejo cuyo número de integrantes estará determinado por el número de pobladores de la demarcación, es decir, 11 en las de menos de 300 mil habitantes; 13 en las de hasta 500 mil habitantes; y 15 en las de más de 500 mil.

Tras la instalación de la Asamblea Constituyente, de las fotos del recuerdo en Xicoténcatl, de los abrazos y las felicitaciones, era hora de almorzar para los decanos del órgano que dará forma a la Carta de la Ciudad de México.

Herederos de los tiempos del diazordacismo y del echeverrismo, Augusto Gómez Villanueva, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez se encaminaron a un conocido restaurante de la Plaza Tolsá.

Al perredista se le asignó una mesa cerca de la entrada, ahí llegaron el priista y la maestra Ifigenia.

Por las mesas de ese local el desfile de constituyentes fue constante desde el mediodía y hacia las 14:00 horas. Llegaron representantes del PRD, del PRI, del PAN. Todos, sin excepción, hacían escala en la mesa de los decanos, quienes pasaron del almuerzo a la comida, acompañada de botellas de vino tinto.

Los únicos que no se aparecieron por el negocio de la familia Briz Garizurieta fueron los constituyentes de Morena, quienes, fieles a su costumbre de no involucrarse con integrantes de otros partidos políticos, decidieron retirarse del entorno de Xicoténcatl sin apenas ser advertidos.

Horas antes, decenas de reporteros rodearon desde temprana hora la Casona de Xicoténcatl a la espera de los constituyentes. Uno de los primeros en llegar fue Bernardo Bátiz, de Morena, quien lanzó lo que sería la manzana de la discordia del día: “No estoy de acuerdo en que Augusto Gómez Villanueva sea el presidente de la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente”.

El priista había llegado momentos antes, con su andar pausado. Calmado, dijo confiar en que todo saldría bien y no temía a la inconformidad de Morena. A media entrevista llegó Muñoz Ledo y se abrió paso entre las cámaras para saludar a su compañero decano y zanjar la cuestión de quién debía presidir la sesión: “El más antiguo es Augusto”.

Minutos después de las 10:00 horas, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, arribó acompañado de sus escoltas que le abrieron paso para que pudiera ingresar al recinto sin ser abordado por los reporteros.

En el patio de la exsede del Senado ya esperaba la mayoría de los constituyentes, grupo entre los que se distinguían actores como Bruno Bichir y Demián Alcázar, de Morena.

Tras saludar a quienes estaban en un podio del patio de la casona, Mancera inició el acto protocolario al entregar a Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, su iniciativa de Constitución, en la que por meses trabajaron al menos 29 personas y un grupo asesor externo.

Remató con un breve discurso y el diálogo constructivo tardó en llegar. Los constituyentes pasaron al salón de plenos de Xicoténcatl, donde los cinco decanos (Javier Jiménez Espriú completó el cuadro) asumieron su encargo.

Apenas tomaron protesta, Javier Quijano, de Morena, pidió el micrófono para volver a morder la manzana: “Quien debe presidir es Bernardo Bátiz, es el de mayor edad y experiencia legislativa, y electo”.

Gómez Villanueva respondió expresando el respeto por las normas. Sin embargo, Consuelo Sánchez, también de Morena, insistió: “Usted ha sido designado, no ha sido electo. Quien merece presidir es el maestro Bátiz, por dignidad”.

Tranquilo, el interpelado pidió a Farah el registro de asistencia: 94 constituyentes, había quórum. “Siendo 15 de septiembre de 1916… de 2016 se abre la sesión constitutiva de la Asamblea Constituyente”, enunció el decano. Pero el Himno Nacional y un sonoro aplauso no fueron el remate: “Hay parlamentos más agitados que éste”, dijo Muñoz Ledo.

Echan doble llave a las modificaciones

Mancera propone que las reformas deben aprobarse por dos tercios del Congreso local en dos periodos de sesiones.

Para que la Constitución de la Ciudad de México sea reformada, los ajustes deberán aprobarse por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local en dos periodos de sesiones ordinarias sucesivos.

Así lo propone el artículo 74 de la iniciativa de Carta de Derechos que ayer recibió la Asamblea Constituyente para su discusión.

No obstante, se plantea que si la reforma que se quiere hacer se refiere a “adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprobarán en una sola sesión por la misma mayoría”.

La propuesta del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, indica que será el Tribunal Constitucional el que determine en qué casos se requerirá un referéndum para aprobar las reformas a la Constitución local.

El artículo 76 de la iniciativa expone que la Constitución “no puede ser alterada por actos de fuerza ni admite el estado de excepción”.

“Mantiene su vigencia incluso si se interrumpe el orden institucional. Sólo por vía democrática puede ser modificada. La ciudadanía tiene el derecho a resistirse ante quienes pretendan negarla arbitrariamente”, abunda este punto.

En materia de los derechos y libertades conquistados en la Ciudad de México, indica que las leyes que de ella emanen sólo podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo.

Además de establecer estos candados para las modificaciones a la Carta, en los artículos transitorios se señalan los periodos en los que se tienen que ir concretando los cambios que habrán de darse en la ciudad a raíz de la Constitución.

Entre ellos destaca que el ordenamiento entrará en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018, “excepto por lo que hace a la materia electoral, misma que será aplicable a partir del día siguiente al de su publicación”.

Especifica que la Defensoría del Pueblo, organismo en el cualquier persona podría exigir que se respeten sus derechos humanos, entraría en vigor el 1 de febrero de 2019.

El artículo 19, titulado Ciudad Garantista, agrega que la defensoría dará “acompañamiento y asistencia jurídica a las víctimas en las acciones legales dirigidas a la protección efectiva de sus derechos y a la reparación integral por la violación a los mismos”.

El sexto transitorio, establece que la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México será electa hasta 2018.

Agrega que el primer período ordinario de sesiones del primer año de la I Legislatura del Congreso iniciará el 17 de septiembre de 2018 y el jefe de Gobierno electo en 2018 “entrará en funciones el 5 de diciembre de 2018”.

Además, el octavo transitorio señala que “a más tardar el 31 de diciembre de 2017”, la Asamblea Legislativa deberá expedir las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Las leyes del Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las del Ejecutivo lo harán el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019.

Los ordenamientos relacionados con el Tribunal Judicial tendrán vigencia a partir del 1 de agosto de 2019.

 

Plazos a cumplir

En el articulado transitorio se especifican las fechas de entrada en vigor de distintos preceptos  de la propuesta entregada ayer.