La organización Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la falta de consecuencias legales en México en casos de feminicidios, así como por el aumento de la presencia militar en la seguridad pública.
La organización Amnistía Internacional mostró su desaprobación ante la falta de castigo en México en casos de feminicidios y la presencia excesiva del ejército en la seguridad pública.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha alertado sobre la grave situación de los derechos humanos en México, destacando la impunidad que rodea a los responsables de los feminicidios y la presencia militar en la vida pública como factores que están llevando al país hacia una situación crítica.
La organización presentó un informe titulado "México: ¿Dirigiéndose rápidamente hacia un abismo en términos de derechos humanos?" para que la ONU realice una revisión periódica de México.
El Consejo de Derechos Humanos ha establecido un proceso en el cual todos los países miembros de la ONU deben someterse cada cinco años para evaluar el estado de las libertades fundamentales.
Según AI, desde 2018 hasta mayo pasado, se han registrado 20,292 mujeres asesinadas. Sin embargo, solo se investigaron como presuntos feminicidios 5,065 casos.
A pesar de que se han activado 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, sigue habiendo impunidad en las investigaciones de feminicidios, se advierte.
Adicionalmente, el informe muestra inquietud por los problemas en las investigaciones, como la pérdida de pruebas, la falta de investigaciones exhaustivas, la falta de consideración de una perspectiva de género y las amenazas a las familias de las personas afectadas.
La organización también está preocupada por el respeto a la protesta social, ya que las autoridades más importantes, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, estigmatizan la lucha de periodistas y defensores de los derechos humanos que cuestionan las acciones del Gobierno.
Además, se critica al sistema de justicia penal por ser percibido como una forma de desalentar a aquellos que protestan, especialmente en temas relacionados con el medio ambiente o la propiedad de la tierra. Además, se señala que México es considerado uno de los países más peligrosos para los periodistas.
En realidad, según la organización AI, los años 2020 y 2022 fueron especialmente peligrosos para los profesionales de este oficio, ya que en esos años se registraron 19 y 13 asesinatos, respectivamente.
El informe también señala la crítica hacia la estrategia de seguridad pública del Gobierno de López Obrador, la cual está fuertemente militarizada. Además, se menciona el papel de la Guardia Nacional, la cual se encuentra entre las diez instituciones con más denuncias por violaciones de derechos humanos. Desde su creación en 2019 hasta 2022, ha recibido alrededor de mil 200 demandas.
López Obrador había concebido la Guardia Nacional como una institución civil, pero su supervisión estaba a cargo de David Córdova Campos, un exmilitar. Sin embargo, en 2022, esta responsabilidad pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la transferencia fue anulada por la Suprema Corte de Justicia.
Según la ONG, cuando las fuerzas participan en la vida pública, aumenta la posibilidad de que una persona sea sometida a tortura sexual durante su detención. Además, esta participación ha contribuido a la falta de honestidad, transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.
AI sugiere que México fortalezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que cumpla con los Principios de París que rigen este tipo de instituciones, y también reconozca la gravedad de la crisis de feminicidios. Además, se insta a no estigmatizar a las víctimas.
De este modo, solicita a las autoridades que comuniquen claramente que estos actos no serán tolerados ni quedarán sin castigo, y que se asegure una compensación completa a las familias de las personas afectadas.
En relación con la oposición política, se propone la implementación de un conjunto de leyes que permitan y protejan el derecho a manifestarse pacíficamente.
Por último, es necesario que el gobierno de México desarrolle un plan que permita "retirar a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública y administrativas" antes del año 2028.
Lucía Chávez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México; y Angélica de Anda, especialista en Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional, presentaron el informe.
Basándome en datos de la agencia de
En cada minuto, todos los derechos reservados por López-Dóriga Digital durante el periodo de 2014 a 2021.
Puedes continuar con nosotros.
