La compañía Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, se adjudicó dos importantes contratos con montos flexibles que oscilan entre mil 932 millones de pesos y 3 mil 864 millones de pesos. Estos contratos tienen como objetivo proporcionar servicios de internet en diversos lugares públicos del país, según la información registrada en los documentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT).

Son dos acuerdos en cuestión: el primero busca obtener el “servicio de conectividad Backhaul (diseñado especialmente para ubicaciones remotas) vía satélite de órbita baja, junto con su equipo correspondiente, con el fin de habilitar la infraestructura de telecomunicaciones de CFE TEIT y ofrecer servicios de telefonía móvil, principalmente en áreas rurales y zonas urbanas periféricas que carecen de servicios de telecomunicaciones”.

La duración del contrato comenzará desde su formalización y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. En cuanto al servicio de conectividad satelital de órbita baja (banda ancha), la empresa está obligada a asegurar una latencia inferior a 100 milisegundos. Este servicio debe ser suministrado mediante satélites en órbita baja con cobertura en todo el territorio nacional, proporcionando velocidades que van desde 5 hasta 175 megabits por segundo (Mbps) de descarga.
El servicio de conectividad Backhaul satelital debe incluir consumo ilimitado de datos por mes para cada sitio.

Los montos establecidos en este contrato indican que la inversión de CFE oscilará entre mil 29 millones de pesos y 2 mil 59 millones de pesos. Inicialmente, la firma del contrato estaba programada para el 20 de octubre de 2023. En cuanto al otro contrato, los montos varían desde 902 mil hasta 805 millones de pesos. Por lo tanto, los montos totales mínimos y máximos son de mil 932 millones a 3 mil 864 millones de pesos.
En el segundo acuerdo, se trata del “servicio de conectividad satelital de órbita baja y el equipo correspondiente destinado a brindar acceso a internet en varios puntos públicos de atención prioritaria en la República Mexicana, especialmente en comunidades rurales”.

La vigencia de este contrato también es que iniciará a partir de su formalización y será hasta el 31 de diciembre del 2026.