La organización Amnistía Internacional ha solicitado al presidente AMLO que no exima al Ejército de su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país en décadas anteriores.
Amnistía Internacional solicitó al presidente que no exima al Ejército de su responsabilidad en los casos de violaciones graves a los derechos humanos que han ocurrido en el país en décadas pasadas.
La ONG Amnistía Internacional (AI) y el grupo Seguridad Sin Guerra han pedido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no ignore las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército en décadas pasadas, como la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
El presidente López Obrador ha eximido al Ejército de cualquier responsabilidad por violaciones graves de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional México y Sin Guerra, exigimos al gobierno federal que asuma la responsabilidad constitucional que le corresponde.
Hacemos un llamado a @amnistiamexico y @S_SinGuerra para que el Gobierno federal cumpla con su responsabilidad constitucional y… pic.twitter.com/tp4rYmwrMs
El 9 de octubre de 2023, la cuenta de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico) compartió este mensaje en Twitter.
El 2 de octubre pasado, López Obrador reconoció la labor del Ejército mexicano durante el 55 aniversario de la tragedia del 2 de octubre, en la cual los militares jugaron un papel importante en la muerte de numerosos estudiantes.
Durante momentos difíciles como el 68, específicamente el 2 de octubre del 68, el Ejército recibe órdenes y actúa bajo la autoridad del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en ese entonces el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), aunque no en todos los casos, sino en situaciones como esa. Es importante recordar y no olvidar lo que sucedió en esa fecha.
Durante la trágica Matanza de Tlatelolco, un evento que tuvo lugar 10 días antes de los Juegos Olímpicos de 1968, más de 300 estudiantes perdieron la vida en una masacre perpetrada por el Ejército y su grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia. Estos jóvenes se encontraban participando en una manifestación pacífica.
AI y el colectivo Seguridad Sin Guerra han señalado en un comunicado que las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, han cometido violaciones graves a los derechos humanos durante el periodo de mediados de los 60 hasta los 80, y más aún ahora que están involucrados en tareas de seguridad pública de manera masiva.
Según algunas personas, estas acciones podrían considerarse como delitos de lesa humanidad debido a su naturaleza generalizada y sistemática, que incluye detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza. Estos actos no deben ser olvidados ni ignorados.
En el texto, ambas organizaciones no gubernamentales señalaron que las afirmaciones del presidente López Obrador parecen absolver al Ejército de su responsabilidad en las violaciones graves a los derechos humanos que han llevado a cabo. Estas afirmaciones se basan en argumentos inaceptables.
Hay dos conceptos en este texto. El primero es la "obediencia debida", que es utilizado por regímenes autoritarios para justificar las acciones de las fuerzas armadas y las decisiones políticas que resultan en atrocidades. El segundo concepto es la idea de que estas acciones represivas son simplemente "errores" cometidos por miembros de las fuerzas armadas, cuando en realidad son parte de un sistema de impunidad deliberado y crónico.
El texto destaca que tanto los estándares internacionales de derechos humanos como la Constitución mexicana establecen de manera clara los principios que deben regir la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Estos principios incluyen la subordinación, complementariedad, regulación, excepcionalidad y fiscalización de su actuación.
Se mencionó que en la actualidad no se están cumpliendo estos criterios y se está violando el control mínimo constitucional que se les ha impuesto, lo cual pone en peligro la transparencia y la obligación de rendir cuentas que se espera de cualquier institución estatal.
Ante esta situación, hacemos un llamado a López Obrador, el presidente de México, para que asuma su responsabilidad constitucional y muestre respeto por el dolor sufrido por las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares durante la masacre de 1968 y en los años siguientes.
"Es importante admitir que esto fue parte de una represión intencional hacia la oposición política y social", expresaron mientras demandaban la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles y advertían que ya hay más de 261.000 agentes desempeñando funciones civiles.
Basado en datos de la agencia de noticias
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