¿Malpaso o… mala decisión?
Es deber del Estado garantizar la protección y seguridad de sus habitantes, sin embargo, no logra encontrar la respuesta adecuada.
Ninguna palabra puede expresar adecuadamente el sufrimiento de las familias de estos siete jóvenes, quienes tenían toda una vida por delante y sus sueños fueron truncados injustamente, solo por ser jóvenes. Esto también transmite a toda la sociedad de Zacatecas la sensación de impotencia de los familiares y la realidad de que estamos desprotegidos ante el crimen, del cual nadie está a salvo. Además, es evidente que los tres niveles de gobierno están fallando en cuanto a seguridad.
En Zacatecas, hay constantes enfrentamientos entre grupos delictivos que están en disputa por los territorios y rutas que les convienen. Según las cifras oficiales, desde enero hasta agosto de este año, se registraron 536 homicidios en el estado, la mayoría de ellos cometidos con armas de fuego. Sin embargo, son muy pocos los casos en los que se logra dictar sentencias condenatorias, lo que significa que hay una alta impunidad. ¿Cómo se puede detener el avance de las acciones criminales si no hay consecuencias para los responsables?
Aún se recuerdan los casos de los jóvenes de Colotlán, de Raúl Calderón, de los desaparecidos de Jerez; los incidentes en la cancha de rebote en Guadalupe, los migrantes asesinados en la Bufa, la mujer policía en la Encantada, los asesinatos en la Comarca, Villas de Guadalupe, Fresnillo, Valparaíso y muchos otros que aún no han recibido castigo. Por esta razón, la sociedad debe salir a las calles y exigir justicia a gritos.
Es responsabilidad del Estado garantizar la protección de sus ciudadanos y su seguridad, sin embargo, no logra encontrar una solución efectiva. A diario, en todas partes, ocurren hechos en los que muchos jóvenes y mujeres pierden la vida debido a acciones criminales que no pueden ser prevenidas, perseguidas ni castigadas. Los perpetradores se mueven libremente, mezclados entre los demás miembros de la sociedad y del gobierno, sin ningún tipo de vergüenza ni temor, violando la ley y pareciendo que esta se doblega ante su paso. La impunidad reina en las calles, avenidas y carreteras, mientras que la autoridad aparece tímidamente después de los hechos, señalando las omisiones de administraciones anteriores.
Es necesario abordar la realidad criminal de manera proactiva y centrarse en soluciones actuales en lugar de solo reconocer las dificultades y culpas del pasado. Aunque es importante aprender de los errores pasados, responsabilizarse constantemente del pasado puede distraer de las medidas preventivas y correctivas que se pueden implementar en el presente. Además, puede transmitir la sensación de renunciar al imperio de la ley, lo cual sería muy perjudicial.
Para hacer frente a la realidad del crimen, es necesario realizar un análisis y diagnóstico actualizado que identifique las tendencias y los tipos de delitos más comunes, así como las áreas más afectadas. A partir de ahí, se deben implementar programas de prevención y educación que aborden las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la falta de oportunidades, la educación y la desigualdad social.
Es fundamental que el Estado cuente con un sistema de justicia eficiente que se encargue de investigar y llevar a juicio los casos de asesinato y otros delitos violentos. Para lograr esto, es necesario asignar los recursos adecuados a las fuerzas de seguridad y a los sistemas judiciales, ya que de lo contrario no se podrá garantizar que los culpables sean procesados y enfrenten las consecuencias legales.
