Mariela Ponce presentó su segundo informe de actividades en el Poder Judicial, resaltando los logros obtenidos a pesar de las restricciones financieras. Enfatizó que se ha conseguido reconocimiento a pesar de las limitaciones presupuestarias.
En su segundo informe de actividades, Mariela Ponce Villa, presidenta del Poder Judicial, resaltó que han recibido reconocimiento por su labor en la impartición de justicia, a pesar de las restricciones económicas.
Ponce Villa instó a la población a tener fe en las instituciones encargadas de administrar justicia debido al aumento de conflictos legales. Esto se debe a que se sigue una política de "Poder judicial abierto" que se rige por normas internas que promueven la máxima publicidad.
Mariela resalta la importancia de la confianza que se le ha otorgado. También menciona que esta confianza no se construye en un solo año de gestión, sino que requiere tiempo a mediano plazo. Además, destaca la importancia de llevar a cabo una campaña continua contra la corrupción, brindando capacitación constante al personal en conducta y ética.
El autor explicó que si los jueces son capaces de responder en tiempos razonables, la sociedad confiará más en ellos y percibirá menos corrupción.
Se mencionó que el servicio público en el ámbito judicial se lleva a cabo sin intereses sociales o políticos, por lo tanto, se reconoció al gobernador Mauricio Kuri por su labor en beneficio de las personas que buscan justicia.
Antes que nada, es importante resaltar que, aunque el presupuesto asignado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el próximo año no fue el esperado, ha logrado generar mejoras internas.
En mi informe anterior del año 2022, mencioné que un presupuesto y apoyo mejorados beneficiarían no solo al Poder Judicial, sino también a las personas que buscan justicia. Reconocemos y agradecemos que se haya asignado un presupuesto a través de la Secretaría de Finanzas. Aunque no fue el monto propuesto inicialmente, sí fue un porcentaje que nos ha permitido realizar mejoras internas durante este año 2023.
El Poder Judicial ha recibido un presupuesto de 1,224,620,028 pesos para este año. De este total, el 73.86% se ha destinado a gastos operativos, mientras que el 26.13% se ha asignado a jubilaciones y pensiones. Según Ponce Villa, este incremento presupuestario ha permitido un aumento del 9.5% en la atención de casos, pasando de 65,851 a 72,107 expedientes.
Actualmente, en los Juzgados de Familia, hay un máximo de 10 sentencias que aún no se han dictado. En cuanto a los cinco juzgados de San Juan del Río, solo tienen tres sentencias pendientes y ninguna de ellas ha excedido el plazo de promoción. Por otro lado, en los juzgados mixtos de Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan, se han acumulado hasta cuatro promociones vencidas.
Según lo informado, estos números indican que las numerosas promociones que llegan a un juzgado se están gestionando de manera adecuada para que se resuelvan dentro del plazo de ocho días hábiles que otorga la ley procesal. Esto es importante porque significa que el proceso del caso no se detiene injustificadamente debido a problemas internos de gestión del sistema.
En relación a las decisiones tomadas por los jueces de la segunda instancia, se informó que hubo un aumento del 13.8% en comparación con el periodo anterior (2021-2022). Se registraron un total de 6,047 resoluciones en el periodo actual, de las cuales 2,889 fueron en casos civiles, 2,537 en casos familiares y 621 en casos penales.
Basándome en los datos proporcionados por Estrella Álvarez.