Seis meses después del incendio en la estación del INM en Ciudad Juárez, todavía no se ha hecho justicia y los zapatos quemados de las víctimas siguen presentes.
A seis meses del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, aún se pueden encontrar numerosos zapatos quemados que alguna vez pertenecieron a las personas afectadas.
A pesar de que han pasado seis meses desde el incendio que resultó en la muerte de 40 migrantes en un centro migratorio en Ciudad Juárez, la justicia aún no ha sido alcanzada. Los activistas denuncian que la impunidad persiste, a pesar de que otros países consideran este hecho como "un crimen de Estado".
A seis meses del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), aún se pueden encontrar muchos zapatos quemados en el lugar, el cual está cerca de la frontera con Estados Unidos.
El sitio en el que fallecieron cuarenta migrantes y otros veintisiete resultaron heridos sigue siendo sombrío. Las paredes aún muestran marcas de hollín, señales de aquellos que lograron sobrevivir, y las ventanas están cubiertas de humo.
Un grupo de migrantes se encontraba recluido cerca de la frontera con Texas, justo en frente del edificio de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y a pocos metros del puente internacional Paso del Norte.
Según humanistas consultados por EFE, a pesar de que el Gobierno ha aprobado compensaciones económicas por valor de 140 millones de pesos (aproximadamente 8 millones de dólares) para las familias de las víctimas, consideran que no se ha logrado alcanzar la justicia.
Se ha señalado que la situación empeora cada vez más para aquellos que llegan en la reciente ola migratoria, ya que incluso desconfían de los refugios por miedo a sufrir incendios fatales.
Ernesto Vasconcello, un abogado especializado en leyes de migración que estuvo muy involucrado en este caso, afirmó que ninguna cantidad de dinero puede compensar adecuadamente cuando se trata de vidas humanas. Además, cuestionó el hecho de que Francisco Garduño, quien está a cargo del Instituto Nacional de Migración, solo tenga que enfrentar un cargo judicial y no más consecuencias por sus acciones.
Miguel Fierro, quien es el coordinador local de albergues, expresó su desacuerdo con la continuidad del funcionario federal en su cargo, a pesar de la defensa por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Rosa Mani, miembro activo de Abara, una organización que trabaja en ambos lados de la frontera para brindar apoyo a los migrantes, expresó su pesar por lo que considera una tragedia que ha dejado una huella en la frontera.
La defensora de derechos mencionó que desafortunadamente, esta situación ha tenido un impacto negativo en las personas migrantes. Al llegar a la ciudad, muchos de ellos expresan su temor de entrar a un refugio debido a la preocupación de que pueda ser incendiado.
La persona que lucha por una causa afirmó que aún no se ha logrado una resolución justa, ya que hay migrantes que siguen esperando que el Gobierno les dé una respuesta respecto a las lesiones que han sufrido.
También mencionó que, aunque los gerentes están en libertad, hay trabajadores del INM que supuestamente no tienen ninguna relación con el incendio, pero que están detenidos sin que se lleve a cabo su juicio rápidamente.
Miguel Ángel González, un líder religioso que está a cargo de la organización de 13 albergues llamada "Somos Uno por Juárez", está de acuerdo en que después de medio año no se ha logrado mucho progreso en el caso.
"Consideramos que no es justo desde el punto de vista de la justicia. Observamos a un funcionario de alto rango expresando su opinión sobre esta situación migratoria como si no hubiera ocurrido nada", comentó en referencia a Garduño.
El responsable de Migración en México tuvo una reunión el pasado fin de semana, ya que solicitó que se suspenda el procedimiento penal en el que se le acusa de ser parcialmente responsable de la tragedia. Además, México se ha comprometido a realizar reparaciones.
Al salir de la audiencia, Garduño declaró que es necesario presentar un programa completo para reparar el daño a las víctimas. Además, mencionó que después de presentar dicho programa, solicitarán otra audiencia. Aclaró que en esta causa penal solo está acusado por el uso indebido del servicio público y no por lo sucedido en la estación migratoria.
El empleado público afirmó que han realizado un depósito de 140 millones de pesos (equivalentes a 8 millones de dólares) destinados a las familias de los migrantes, otorgando 3,5 millones de pesos a cada una (aproximadamente 200.000 dólares).
El orador enfatizó que los lesionados serán registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir la atención necesaria y reparar completamente los daños sufridos. Sin embargo, mencionó que la distribución de recursos es complicada debido a la participación requerida de peritos médicos y cuerpos diplomáticos.
Según el abogado Vasconcello, las personas fallecieron no por ser extranjeros, sino por su condición de pobreza. El motivo de su muerte fue la falta de 500 dólares para poder sobornar y salir del Instituto Nacional de Migración (INM). El abogado asegura haber presenciado numerosos casos en los que las personas perdieron la vida simplemente por no contar con esa cantidad de dinero.
Se reportó que México y los diplomáticos de los países de origen de los migrantes están dificultando el proceso de compensación para las familias.
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