Latitud Megalópolis | Enrique Rodríguez Martínez
Consistente con sus conceptos negativos hacia la mayoría de los ministros desde el escándalo del desafuero, en el que comenzó una era de rencores, Andrés Manuel López Obrador embiste con todo el poder que detenta hacia los togados que se atrevan a rechazar la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar. Desde su punto de vista, serán corruptos quienes al analizar la Acción de Inconstitucionalidad del caso, eliminen el transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que contradice con claridad lo señalado por el artículo 97 de la Carta Magna.
Aquí la cita de la desafortunada expresión: “(Los ministros que no avalen la ampliación de mandato de Zaldívar en la Corte se convertirían en cómplices de la corrupción) si, conscientes o inconscientemente por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción, porque en este caso lo que se aprobó fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte fuese una gente honorable”.
De esta forma, fue condicionada la efectividad de un histórico paquete de reformas que involucran la operatividad del Poder Judicial de la Federación, ahora sabemos a confesión presidencial, que los cambios se confeccionaron a la medida del ministro Arturo Zaldívar, quien para AMLO y en detrimento de la calidad personal y profesional de sus colegas del pleno, es la única persona honorable de esa integración. Es decir, el equilibrio de todo un poder depende del perfil de un solo hombre. Esta óptica nos remite a que el ejecutivo es AMLO y el Judicial es Zaldívar.
Una intervención inaceptable de un poder en otro, según el consenso de los juristas de mayor respeto en nuestro país. Un agravio para las demás ministras y ministros del Tribunal Constitucional, incluso para las recién llegadas. En el fondo real, existe el temor fundado de que dentro de 2 años, el relevo de Zaldívar en la presidencia de la Corte pudiera ser un ministro que rompiera los eslabones de extrema cercanía y complacencia hacia el Presidente López Obrador, en el último tercio de su mandato.
Si la Corte no acepta la inaudita ampliación del periodo de Zaldívar a través de un transitorio, entonces el pleno podría elegir en enero de 2023 a un togado sin la injerencia de la 4T. Y explico los factores que sustentan esta hipótesis que comparto con ustedes.
Bajo el criterio de exclusión, de los actuales 11 integrantes del pleno del Máximo Tribunal, debemos descartar al propio Zaldívar que sin ampliación tendría que concluir su periodo sin opción para reelegirse. También habría que sacar de la ecuación al ministro Fernando Franco González Salas que termina su encargo el 30 de noviembre de este año y ya no participará de la próxima elección, a su sitial llegará un nuevo perfil propuesto por AMLO que se sumará al grupo de sus 3 cercanos (Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat). De esta forma en el grupo afín al Ejecutivo se avizoran a 5 de los 11, todavía en desventaja numérica para lograr los 6 votos mínimos necesarios para elegir a un nuevo presidente.
De esos 6 perfiles, podría surgir un acuerdo para favorecer al de mayores posibilidades. En ese grupo se tendría que descartar a Luis María Aguilar (que ya fue Presidente) y a su escudero de confianza Alberto Pérez Dayán, sin opciones reales para consolidar una aspiración de ese calibre. Jorge Mario Pardo Rebolledo concluye su periodo como ministro el 30 de noviembre de 2024, es decir con el calendario en su contra para tales fines. Ni a la ministra Norma Piña o al ministro Alfredo Gutierrez Ortíz Mena, se les percibe con atributos para ganar apoyos internos y consolidar liderazgos.
Me parece que el verdadero caballo negro, que podría aglutinar el consenso de esos 6 no afines a la 4T, sería el ministro Javier Laynez Potisek, quien se ha distinguido por su contundencia y autonomía de criterio respecto a los intereses del Ejecutivo Federal y ha sido consistente cuando se compromete a la institución en temas promovidos por el régimen, como la consulta popular en el que se pretendía preguntar “al pueblo” si se debe o no aplicar la ley para enjuiciar a los ex presidentes de México. Comenzó su periodo como ministro de la Suprema Corte en 2015, que concluirá en 2030. Doctor en derecho, fue presidente de la Segunda Sala, Procurador Fiscal de la Federación y magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal, entre otras responsabilidades. Es reconocido como un sólido jurista con trayectoria limpia en el servicio público, destacado por su capacidad y prudencia dentro del Máximo Tribunal desde que ocupó el lugar de Juan Silva Meza.
Laynez tiene un perfil que podría sumar las simpatías de los 4 togados y la ministra antes mencionados, para aspirar con fuertes posibilidades a presidir la Corte votando por sí mismo para alcanzar 6 votos, en lo que sería la última llamada que tendrían sus integrantes para cerrar filas y evitar institucionalmente la hegemonía 4T en los próximos años.
La ampliación del mandato de Arturo Zaldívar que será analizada y resuelta a través de una Acción de Inconstitucionalidad, plantea en coherencia un obvio rechazo del pleno de ministros. No puedo imaginarme a quienes portando una toga pudieran justificar que un transitorio de Ley Orgánica pueda estar por encima de la Constitución. Con 8 votos del pleno, el artículo de la discordia sería desechado teniendo como consecuencia que su actual presidente concluya su periodo formal en diciembre de 2022.
Parece que desde ahora se pretende cerrar la posibilidad a un ministro que podría marcar distancias respecto al estilo absolutista de López Obrador, que pretende controlarlo todo para embestir a quienes estorben en sus planes presentes y futuros.
Otro aspecto a considerar, poco explorado es que a Zaldívar tampoco le cuadran los tiempos de su periodo como ministro para la ampliación que le ha dado el Congreso. Dejaría de ser ministro en noviembre de 2024, le faltaría un mes para completar un descabellado sexenio en la presidencia del Alto Tribunal, otra falla de cálculo que también justifica el impedimento para complacer al poderoso Tlatoani.
Buena decisión que brinda oxígeno puro a la credibilidad de la Sala Superior del Tribunal Electoral, al cerrar la puerta de forma definitiva e inapelable a las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio para gobernar Guerrero. 6 magistrados, excepto su presidente José Luis Vargas, ratificaron la decisión del INE en ese sentido. Por unanimidad y conforme a los criterios aprobados por los consejeros electorales, también acotaron la llamada asignación de mayorías artificiales en el Congreso, conocida como sobrerrepresentación.
El Presidente no dilató mucho para acusar a magistrados y consejeros de conspiradores. Conmigo o contra mí, es la permanente premisa de esta época que no deja de ser oscura con repentinos y cada vez más escasos destellos emitidos por las instituciones que forcejean para preservar su amenazada autonomía.
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