(NOTICIAS YA).- Un juez federal bloqueó temporalmente la orden del presidente Joe Biden para detener las deportaciones por 100 días, la cual entró en vigor apenas el viernes pasado.
La orden judicial es un golpe a las primeras acciones del presidente en materia de inmigración y surgió por una demanda del fiscal general de Texas, Ken Paxton.
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Con eso se impugnó la pausa de 100 días en las deportaciones.
La demanda citó en parte un acuerdo firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional y Texas en los últimos días de la presidencia de Donald Trump que requería que el departamento consultara al estado antes de cambiar o modificar las políticas, según detalla CNN.
El juez Drew Tipton, del Distrito Sur de Texas, sin embargo, destacó que la orden de restricción temporal era apropiada bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La administración de Biden no podrá ejecutar la moratoria que pausa las deportaciones durante los próximos 14 días, pero la orden no afecta el resto de las instrucciones que fueron establecidas en el memorando que se envió a todas las dependencias del Departamento de Seguridad Nacional el pasado 20 de enero.
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El documento, firmado por el director interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Pekoske, revocaba la orden ejecutiva que firmó Trump en 2017 en su famosa política “tolerancia cero” marcando prioridades en las deportaciones, de acuerdo con Univision.
El objetivo es que sean revisadas las prioridades de deportación.
En enero de 2017 la orden de Donald Trump indicó dar prioridad para deportación a todos los que hubieran sido condenados por cualquier delito, incluso a todos los que hubieran sido acusados de cualquier delito y que dicho cargo no se haya resuelto, además de quienes hayan abusado de cualquier programa de beneficios públicos o quienes tuvieran una orden final de deportación.
Ahora, diversas fuentes adelantan que Biden planea volver a las prioridades que fueron establecidas por el expresidente Barack Obama en noviembre de 2014, que incluía a quienes eran considerados una amenaza a la seguridad nacional, contaban con un largo historial de faltas de inmigración o estuvieran relacionados con delitos como DUI, violencia doméstica y explotación sexual.
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Tras la orden del juez Tipton, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, elogió la decisión, misma que considera una “acción ilegal” por parte de la administración de Biden.
“La decisión de la Corte de impedir que la Administración Biden ponga a un lado las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso es un remedio muy necesario para la acción ilegal del DHS. Una suspensión casi completa de las deportaciones sólo serviría para poner en peligro a los texanos y socavar la ley federal”, dijo Paxton.
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