Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, reintegró a sus familiares a 20 de los 23 niños que mantenía resguardados, luego de detener a sus madres el 17 de julio pasado, acusadas de trata de personas, informó la directora de la agrupación Melel Xojobal, Jennifer Haza.
Junto con representantes de otras agrupaciones y familiares de las acusadas, la activista exigió en rueda de prensa, la liberación de Hortencia Gómez Sánchez, Juana Montejo Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Josefa Sánchez Gómez, madres y abuela de los menores de edad, que siguen en prisión.
En el contexto de la búsqueda del niño Dilan Esaú Gómez Pérez, encontrado mes y medio después de haber sido robado en esta ciudad, policías estatales detuvieron el 17 de julio pasado a las cuatro mujeres y a Adolfo Gómez -quien a finales de ese mes fue asesinado en el penal de San Cristóbal-, acusados del delito de trata de personas, al tiempo que entregaron para su resguardo a 23 menores de edad.
Haza informó que 20 menores fueron reintegrados por grupos a sus familiares: El primero el 24 de agosto, el segundo el 28 de septiembre, el tercero el 28 de octubre y el último, el pasado 5 de este mes. Tres niños más están con sus madres en el penal de El Amate, para que sean amamantados.
Durante la rueda de prensa que tuvo lugar en las oficinas de la agrupación Melel Xojobal, que desde hace 23 años labora con niñas, niños y adolescentes trabajadores, hablaron dos jóvenes -un hombre y una mujer- de los 23 menores que estaban en resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, quienes aseguraron que el 17 de julio fueron sacados de su casa “con engaños” por los uniformados.
Exigieron la liberación de su abuela y de sus tías, además de que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de sus padres, Enereida Gómez Sánchez y Gilberto Montejo Sánchez, que han huido para evitar ser detenidos, ya que también están acusados de trata de personas.
“La policía dijo que nos trataban mal, pero no es cierto; mi abuelo Adolfo, que en paz descanse, y mi abuela Josefa nos compraban ropa y zapatos y nos cuidaba; no entiendo por qué la tienen en la cárcel”, manifestó la joven, que omitió su nombre. “Nunca me maltrataron”, recalcó.
“Mis abuelos y mis tías no deben nada. Si salíamos a vender (artesanías) era por nuestra voluntad y para aprender a trabajar”, agregó, mientras que su hermano sostuvo que su abuela, “sólo amor nos daba”.
Haza aseveró que los 20 menores “retenidos” en el DIF -11 niñas y 7 niños- “fueron reintegrados a sus familias, pero la reunificación se realizó de forma tardía y negligente por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y la Fiscalía de Trata que desde el inicio no observó el principio de interés superior y de la no separación y no garantizó el derecho de vivir en familia de los menores que fueron llevados al albergue”.
Explicó que Hortencia Gómez Sánchez, Juana Montejo Sánchez y Maribel Gómez Sántiz están recluidas en el penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, mientras que Josefa Sánchez Gómez, está presa en el penal de San Cristóbal.