Rosario Robles Berlanga, extiular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, decidió, por fin, acogerse al criterio de oportunidad colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), dijeron este lunes fuentes cercanas a su equipo de abogados.
Robles Berlanga está detenida en la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde el 13 de agosto de 2019. Y el 18 septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
El pasado 12 de agosto, el propio Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en una videoconferencia que Rosario Robles está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exfuncionario federal del Gobierno Peña Nieto no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
Ella ha dicho que es perseguida política y ha insistido en su inocencia.
Pero el hombre más cercano a Robles, Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu con Rosario al frente, ha decidido contarle a la Fiscalía General de la República todo lo que sabe sobre los desvíos de miles de millones en el Gobierno de Peña Nieto.
Eso parece haberla animado a declarar también.
Zebadúa González la ha puesto a ella por delante en sus declaraciones y puede ser condenada a más años de prisión si es hallada culpable.
Rosario Robles hablara para recibir beneficios
Este lunes, sin embargo, el caso de Robles da un giro y la funcionaria comenzará a hablar a cambio de recibir beneficios de la FGR, según reportan fuentes cercanas al caso.
“La Estafa Maestra”, de acuerdo con reportajes de investigación y testimonios de testigos, es una red delictiva que apunta como principales protagonistas a Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Con esa estafa se habrían desviado hasta 7 mil 760 millones de pesos del erario y habrían participado 11 dependencias del Gobierno federal y ocho universidades públicas.