En el juicio contra Juan Carlos por el caso del asesinato de la corresponsal del periódico La Jornada, Miroslava Breach, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) demostró por declaraciones de un testigo protegido que él había entregado grabaciones de conversaciones que había tenido con la periodista al crimen organizado. Esto debido a que en una investigación de Breach se exponía vínculos entre integrantes del crimen organizado y candidatos a presidentes municipales en las elecciones del 2016.

Y es que el Ministerio Público presentó dos grabaciones obtenidas de la computadora de Wilberth Jaciel, quien también se señala como autor material del homicidio junto a Juan Carlos, en un cateo a su domicilio, donde también se encontró el vehículo utilizado en el crimen. Estas llamadas fueron hechas sin el consentimiento de la corresponsal ni tampoco de la periodista Patricia Mayorga y se entregaron al grupo criminal Los Salazar.

Este grupo primero habría amenazado a Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien fue alcalde de Chínipas, perteneciente al Partido Acción Nacional, quien a su vez se comunicó con Mario Vazquez Robles, actual funcionario de la administración panista del municipio de Chihuahua, y José Luévano Rodriguez, funcionario de la administración de Javier Corral Jurado.

Luévano fue quien pidió al testigo intervenir en apoyo de Schultz, y este con sus grabaciones permitió que las amenazas fueran en contra de la periodista Miroslava Breach, porque ahí se señalaba a la misma periodista como la fuente de su reportaje “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua“. Por este hecho la periodista fue blanco de amenazas y posteriormente fue asesinada el 23 de marzo de 2017.

Según declaraciones de una testigo Juan Carlos trabajó junto con Wilberth Jaciel para el panista Schultz Alcazar, además señaló que ambos se dedicaban al narcotráfico en el municipio de Chínipas.

Fuente: La Jornada.