De 2018 y hasta el 9 de octubre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal había publicado en su portal de consulta de transparencia 970 sanciones administrativas por distintos motivos contra funcionarios del Poder Judicial Federal, de los cuales 18 son casos de destituciones del puesto por distintos motivos y 99 suspensiones y 30 inhabilitaciones temporales.
Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrentan dos grandes problemas: focos de corrupción y nepotismo.
Por ello, indicó que el miércoles 9 de octubre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que también preside, aprobó un acuerdo que calificó como histórico y que genera un parteaguas en la historia del PJF y el cual servirá para regular de manera adecuada la carrera judicial. Destacan dos aspectos: poner orden en las adscripciones y el pase automático.
Hasta 2018, las adscripciones no estaban reguladas, ni había criterios y no eran usadas con una forma programática de una política pública para mejorar el Poder Judicial ni para servir como instrumento para abatir el nepotismo y la corrupción.
En ese sentido, de acuerdo con el ministro presidente, desde su llegada a la presidencia de la Corte, al iniciar 2019, han venido utilizando las adscripciones “para ir rompiendo los conflictos de interés” que se dan en ciertos tribunales y circuitos por el nepotismo.
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En su opinión, “hay tribunales que están realmente inundados por redes familiares que genera no pocos conflictos de interés”.
Afirmó que se han estado combatiendo estas prácticas a través de las readscripciones y también ha servido para romper redes de probable corrupción o donde se tiene sospecha que hay ese tipo de procederes.
El jueves pasado, el presidente de la Corte afirmó que se está combatiendo con energía al nepotismo y la corrupción y ya se están teniendo resultados.
Suspenden a magistrado por presuntos actos de corrupción
En el caso del pase automático, de acuerdo con la ley que regula el proceder de los funcionarios del poder Judicial, cada que un magistrado o un juez dura en su encargo seis años, se somete a un sistema de ratificación. Si es ratificado ya es inamovible en el cargo, salvo causa grave de destitución; sin embargo, ahora el acuerdo establece requisitos más estrictos para la ratificación y no ratificar los que no sean éticos, negligentes o que no tienen un estándar mínimo para merecer la confianza mínima de la ciudadanía.
En ese sentido Zaldívar Lelo de Larrea dijo que un Poder Judicial más honesto es un poder judicial más independiente.
Por otra parte, el 10 de octubre pasado el ministro presidente informó que el pleno de la Judicatura federal determinó suspender a un magistrado del primer circuito por inconsistencias graves en su situación financiera.
Lo importante de este caso es que, según el ministro presidente, “ese juez era una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del poder Judicial para una red de conductas indebidas”. Incluso mencionó que el primer circuito había sido prácticamente intocable.
Enfático dijo, “cero tolerancia a la corrupción en los hechos; no hay ni habrá tolerancia a actos indebido, seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción y seguiremos impulsando más jueces de calidad (…) Requerimos todos los días renovar esfuerzos para fortalecer nuestra legitimidad y para demostrar en los hechos nuestro compromiso y nuestra independencia”.
