Declaración patrimonial y de intereses obligación de servidores públicos: Presidencia. Con Óscar M Beteta

Humberto Castillejos Cervantes, consejero Jurídico de la Presidencia de la República anunció, este pasado jueves, que el Artículo 32 de la ley de responsabilidades administrativas, conocida como ley 3de3 y otros artículos más, serán devueltos por caer en excesos. Sobre esto, indicó que efectivamente el Ejecutivo al oír las preocupaciones tanto de los empresarios como de la sociedad civil instruyó hacer un estudio muy detallado para determinar si debía o no ejercer el derecho o la facultad de hacer observaciones a las leyes. En entrevista para el espacio de "En los Tiempos de la Radio" apuntó que "el Artículo 32 inciso B y C señalaba que todas las personas, que todos los individuos y todas las empresas que recibieran recursos públicos o que contrataran con el gobierno en cualquier nivel debían de presentar la declaración patrimonial, esto es el conjunto de todo su patrimonio y de sus bienes ante la autoridad y la declaración de intereses"; en que las millones de personas que tienen acceso al programa Prospera, los becarios del Conacyt, las personas del campo y todas las personas que trabajan en una empresa que contratara con el gobierno, debían de presentar sus declaración de intereses y su declaración patrimonial. En razón de ello, se realizó un análisis de constitucionalidad y se vio que no había una racionalidad, y una proporcionalidad constitucionalidad para hacer esta injerencia en la vida privada y a los datos personales de millones y millones de personas, pero sobre todo, que el tener millones y millones, y millones de declaraciones en nada abonaba al Sistema Nacional Anticorrupción, agregó, que conforme a esto, el Presidente de la República vetó este Artículo 32. Exaltó que la declaración fiscal es una obligación de todas las personas, ya sean individuos o empresas que se tienen que hacer ante la autoridad, las otras dos declaraciones son obligación de todos los servidores públicos presentar ante las autoridades competentes. "Las declaraciones patrimonial y de intereses, y para ello el Congreso de la Unión, dijo que será el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción el que va a decir que es lo que se tiene que declarar y va a decir que es lo que va a hacer público respetando los derechos constitucionales. Humberto Castillejos, aclaró que "lo que hace el Presidente es aclarar que las declaraciones patrimoniales y de intereses, de conformidad con la Constitución es una obligación de los servidores públicos, a la cual estamos sujetos todos para presentarlas ante las autoridades competentes". A pregunta expresa de cómo se va a castigar al funcionario público, que incurra en falsedad de su declaración patrimonial, respondió que "hay ya el catálogo de sanciones tanto para los servidores públicos como para los particulares (…), evidentemente hay sanciones para los servidores públicos que declaran indebidamente ante la autoridad su patrimonio, incluso se puede incurrir en delito, como es el delito de enriquecimiento ilícito". Si los servidores públicos incurren en actos de corrupción será sancionado tanto penalmente como cárcel, como administrativamente con la inhabilitación"; en relación a los empresarios o a las empresas, puedan ser desde multadas hasta disuelta la empresa. Como persona física tendrán la misma pena que el servidor público. Finalmente, el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, reiteró que "las obligaciones en relación a las declaraciones, son la declaración fiscal es para todos los ciudadanos, la declaración patrimonial, de intereses y genérica es para los servidores públicos, pero los empresarios deberán declarar caso por caso, contratación por contratación que no tienen conflicto de interés en el caso concreto con ningún servidor público". egc