El Gobierno Federal ha gastado 698.6 millones de pesos en el pago de finiquitos durante el primer semestre de 2019; la cifra representa un incremento de 59.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló Milenio.
La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que en la actual administración se ha tramitado la cancelación de 8 mil 338 plazas de trabajo en diversas secretarías de Estado, pero ninguna de éstas reporta haber pagado un solo peso por concepto de liquidación.
En cambio, la SHCP reveló que solo 16 entes de gobierno han destinado recursos para finiquitar relaciones laborales, entre los que destacan la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y diversos grupos aeroportuarios.
En los primeros seis meses del año pasado el gobierno federal pagó 437.3 millones de pesos por el término de las relaciones laborales con trabajadores.
Esa cantidad ya se superó por 261.3 millones de pesos entre enero y junio de 2019. La CFE es el ente que más dinero ha gastado, en el lapso mencionado, 602.5 millones de pesos, que representan 86.2 por ciento de todo el dinero ocupado por el gobierno federal en esta materia.
A toda rescisión de contrato laboral, ya sea por renuncia o por despido, el empleador debe pagar al trabajado un finiquito, sea éste de base o de confianza.
En el monto comprende el pago proporcional de las prestaciones de ley, como el aguinaldo y la prima vacacional, los días de vacaciones sin tomar y trabajados después del pago que antecede al término del contrato laboral; solo hay prima de antigüedad si el trabajador laboró más de 15 años en la empresa.
Después de la CFE, los que más recursos han destinado para el pago de finiquitos son el Instituto Nacional de las Mujeres, con 24.4 millones de pesos; el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores, con 16.5 millones, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con 14.5 millones.
Destaca que seis administraciones portuarias reportan gasto para cubrir la prestación por renuncia o liquidación, y son: Altamira, Manzanillo, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Puerto Vallarta y Tuxpan; entre ellas suman 12.8 millones de pesos.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) reportó que en el primer semestre de 2019 pagó 5.8 millones de pesos, 3.1 millones entre enero y marzo y 2.7 millones entre abril y junio.
El Informe Anual de Labores de la Secretaría de la Función Pública revela que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha cancelado mil 635 plazas de trabajo, mientras que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural desapareció mil 88 empleos.
Ninguna reporta un solo peso en pago de finiquitos. La SHCP ha reportado 810 fuentes de trabajo eliminadas y algunos entes que dependen de ella, como grupos aeroportuarios y el Instituto para el Ahorro Bancario, registran un monto en conjunto de 37.9 millones en liquidaciones.
Desde el 27 de marzo pasado, MILENIO documentó que en los primeros 100 días de gobierno por lo menos 8 mil 331 servidores públicos fueron despedidos de las secretarías de Trabajo y Previsión Social (736), de Función Pública (271), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (265), y de Agricultura y Desarrollo Rural (236).
Ninguna reflejó en los documentos de la SHCP un solo peso en concepto de finiquito. En esas fechas el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala, señaló que en esa dependencia más de 6 mil trabajadores no sindicalizados fueron despedidos, pero en los informes trimestrales solo se reporta el pago de 3.7 millones de pesos por finiquitos en el Hospital Juárez de México.
Al principio de la presente administración se recortaron plazas de trabajo en la nómina pública a fin de tener un mayor margen de maniobra económica para implementar los programas sociales.
Sin embargo, en mayo pasado se anunciaron nuevas medidas de austeridad para captar recursos adicionales, con el fin de ayudar a las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex); entre las acciones se encontraba la desaparición de Direcciones Generales Adjuntas, que suman más de mil 900 plazas, y de asesores.
El lapso para cumplir las modificaciones concluyó el pasado 30 de junio, fecha en que las plazas no autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación debieron ser entregadas a Hacienda.
El objetivo es reducir 20 por ciento los gastos por servicios personales en todas las dependencias y entes gubernamentales, esto incluye los salarios y otros desembolsos, como viáticos y prestaciones.