A pesar del recrudecimiento de la inseguridad en 2018, uno de los blancos más vulnerables de la última década quedará desprotegido si el gobierno no destina recursos al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. La sequía presupuestal obligará a dejar a su suerte la vida de 702 personas que se acogieron a un sistema que hace un año el presidente Peña Nieto consideraba prioridad ante otra emergencia de crímenes contra comunicadores. Su permanencia se pondría en entredicho si tiene que llegar así al próximo gobierno, antes incluso de conocer su destino en el desmembramiento de la Secretaría de Gobernación.

La situación ilustra los avatares para institucionalizar programas de seguridad e implementar políticas públicas sin que los recursos correspondan a las prioridades. En medio de la emergencia y el escándalo internacional por los asesinatos de Javier Valdez en Sinaloa y Miroslava Breach en Chihuahua, Peña Nieto se comprometió, el 17 de mayo de 2017, a emprender “acciones para proteger la libertad de expresión” y dotar de recursos al mecanismo, que ya ese año vivía sin presupuesto de remanentes de un fideicomiso para medidas de protección. Toda vez que amainó el momento de presión, el interés decayó sin revertirse las agresiones ni ofrecerse ninguna investigación seria sobre los crímenes. La impunidad es del 99% de los 138 asesinatos habidos desde el 2000.

Pero es sólo un botón de muestra del desastre en general de la seguridad pública. Como se acepta en el VI Informe de Gobierno, hay un retroceso en el control de la violencia, que lleva al final de la administración a superar récords históricos con el crecimiento acelerado del ritmo de delitos. En el sexenio, ninguna política de seguridad ha alcanzado estabilidad suficiente para combatir al crimen e incluso los recursos del Estado se han desperdigado, como indica que en más de 600 municipios ni siquiera hay policía, a pesar de la prioridad de capacitar a la fuerza pública. Los programas para proteger periodistas no son la excepción, como también muestra el caso omiso de la Conago a una recomendación de la CNDH de 2016 para hacer de la protección una política pública y reforzar la coordinación con los estados con mayor incidencia de agresiones.

Los esfuerzos por institucionalizar los programas de periodistas naufragan entre la falta de recursos suficientes para cumplir con sus objetivos y el vaivén en la “voluntad política” de las cabezas de sector (Gobernación o gobernadores), tanto como por la incertidumbre del cambio de sexenio. Por ejemplo, ahora, ¿dónde se localizará el Mecanismo en el nuevo diseño de la seguridad pública e interior del nuevo gobierno?

En las próximas semanas, el equipo de López Obrador presentará un plan para crear una supersecretaría de Seguridad Pública y adelgazar Gobernación, que en este sexenio conjuntó toda la seguridad interior y nacional en Bucareli. El traslado del Mecanismo a la nueva dependencia podría beneficiarlo en tanto concentrará la mayor parte del presupuesto y tendría la coordinación con los estados en el combate al crimen.

Sin embargo, compartiría sede con los cuerpos de seguridad, que, junto con autoridades locales, son señalados como fuentes de agresiones y violaciones de derechos humanos en alrededor del 50% de los crímenes contra periodistas. Su localización en la misma dependencia que los señalados agresores es una de las principales críticas a su funcionamiento y a la desconfianza de los periodistas hacia la protección del Estado ante situaciones de riesgo.

Pero, sobre todo, su traslado reflejaría que el nuevo gobierno entiende la protección de periodistas como un asunto de seguridad, fuerza e inteligencia policial, más que como un tema de defensa y promoción de derechos. A ese criterio parece haber atendido la responsabilidad del equipo de seguridad en la organización de los foros para la pacificación y sería, otra vez, un error llevar a ese ámbito la protección de la libertad de expresión. Ya veremos…