Por Simón Rubiños Cea
Agosto de 2016, el mundo celebraba la firma de la paz entre el Estado colombiano y la principal guerrilla del país. Sin embargo, cuando fue al plebiscito, lo pactado fue rechazado y se obligó a una renegociación con la oposición, cambiando la naturaleza desde una perspectiva desarrollista para el campesinado hacia un caballo de Troya para la intromisión del agronegocio en las zonas vulnerables.
Los efectos del acuerdo no se hicieron esperar, en particular por la voluntad de las FARC-EP por dejar las armas: en un año, disminuyeron en un 97% los soldados heridos en combate que llegaban al hospital militar; en mayo de 2018, sólo atendieron a 1.
A pesar de lo celebrado y lo simbólico de lo anterior, la conservadora resistenci a al acuerdo instaló una serie de noticias falsas en el ideario común, con lo cual no tan solo obligaron la renegociación sino además llevaron al uribismo a hacerse de la presidencia, nuevamente, por lo que el Acuerdo se ve en una encrucijada tenaz, como dirían en buen colombiano.
Esto por dos razones: la primera, porque el Centro Democrático y el conservadurismo –uribismo, y del pastranismo, avales del presidente y la vicepresidenta, respectivamente –, han sido centrales en la renegociación y en la resistencia en la implementación, siendo el último gran conato cuando llegaron a rebatir los señalamientos de la ONU en cuanto a la importancia medular de la Justicia Especial para la Paz en la implementación, buscando dar trato preferencial a las Fuerzas Armadas.
Y, en segundo lugar, la predilección por la militarización y el autoritarismo que se dieron durante los gobiernos de Uribe entre 2002 y 2010, que se dieron en el marco del Plan Colombia junto con la proliferación de grupos paramilitares en paralelo a procesos sistematizados de despojo y desplazamiento de millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes, que abrieron el espacio a la instauración de la industria extractivista – el agronegocio y la explotación de hidrocarburos.
¿Por qué rescato estos dos datos? Lo hago porque, en primer lugar, las huestes uribistas han señalado en innumerables ocasiones “paz sí, pero no así”, con lo que al hacerse de la presidencia van a modificar los acuerdos de La Habana, desatando la intranquilidad a nivel nacional e internacional.
Y de lo segundo, por el creciente número de activistas sociales asesinados en lo que va del año. Cuando Uribe asume la presidencia, la tasa de homicidios presenta una considerable alza respecto a años anteriores, sólo comparable con los peaks del conflicto armado a comienzos y mediados de la década de los 90. Desde el acuerdo a la fecha, la cifra anual ha ido aumentando y sólo en lo que va de 2018 ya va en 105 – 123 según IDEPAZ –, mientras que en todo 2017 la cuenta alcanzó 170.
Dada la naturaleza campesina y de propiedad de la tierra del conflicto, y ante perspectivas de exploración petrolera mediante el fracking y la inminente profundización del modelo de agronegocio a través de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social ( ZIDRES), las expectativas para el término del conflicto no son muy promisorias ante la próxima asunción del uribismo, porque como se ha visto, más que la paz, lo firmado en la Habana implicó el desarme de
la guerrilla. Ahora la pregunta es, ¿Y la paz cuándo?
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Source: El Ciudadano