“A mi juicio, aquí hay una interpretación torcida de la ley y, por lo tanto, no debiera volver a ocurrir. El caso no está cerrado aún. Hay una investigación en curso que afecta a la empresa Penta por la responsabilidad de la persona jurídica en relación con un delito de soborno a un funcionario del SII. En esta arista nos vamos a mantener activos y esperaremos que se dicte la acusación”, señaló Manaud al diario El Mercurio.
La presidenta del CDE dijo además que supo “por la prensa” sobre la decisión, y acusó que el fiscal Guerra, no les consultó su opinión.
“Hay un artículo del Código de Procedimiento Penal que permite la participación del querellante e incluso hacer su acusación particular distinta a la del Ministerio Público calificando y pidiendo una pena diferente, sobre la base de hechos contenidos en la formalización. No está previsto en el código hacer una reformalización en los términos que se hizo -con supresión de hechos y delitos- y que el querellante quede excluido”, detalló Manaud al mismo medio.
En ese sentido, la presidenta del Consejo de Defensa precisó que se pudo haber mantenido la acusación de cohecho y soborno, las cuales, sin embargo, fueron descartadas por el persecutor por “falta de antecedentes”.
“Él se refiere a las pruebas. Esa es la única razón que ha dado , y a mi juicio, es una explicación absolutamente insatisfactoria, porque antes, con los mismo antecedentes”, puntualizó Manaud, quien, finalmente, no descartó el inicio de una presentación en contra del fiscal Guerra.
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Source: El Ciudadano