Los brutales ataques ocurridos en la Embajada de Israel en 1992, y dos años después sobre la Mutual Judía Argentina (AMIA) en la ciudad de Buenos Aires, al igual que el avión de línea comercial panameña derribado por un terrorista suicida de Hezbollah dos días después del segundo ataque en Argentina, no han sido, en su tiempo, acontecimientos aislados. Contrario a ello, se unen a una larga lista de operaciones de menor entidad que incluyen actividades de captación y conversión al islam de comunidades autóctonas y personas afines en México, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia y Bolivia.
Estos hechos concretos junto a otros ilícitos y actividades criminales relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero visibilizan claramente el interés de personas y organizaciones que en algunos casos operan bajo la fachada de asociaciones de caridad en favor del islamismo que busca afianzar para ampliar sus redes ilegales con las que puedan golpear a las democracias regionales.
La amenaza de los grupos islamistas en América Latina responde a una doble causa: a) El interés estratégico, principalmente del chiismo patrocinado por Irán en nuestro continente donde ha fortalecido su base operacional a partir del ascenso al poder del chavismo venezolano en la década del 90, para luego extender sus capacidades operativas a la zona de la Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina), a ello debe sumarse la fuerte actividad de sectores que han adquirido impulso en los escenarios políticos locales como es el caso de Brasil y Chile y, por supuesto, a la vulnerabilidad mostrada hasta ahora por América Latina en su conjunto para hacer frente a esta amenaza, y b) América Latina es identificada como una suma de democracias débiles e imperfectas, pero contrarias por definición al totalitarismo teocrático sobre el que basan los islamistas sus ensoñaciones de exportar la Revolución Islámica. En la medida en que varios países latinoamericanos se encuentren implicados en la lucha contra personas y organizaciones islámicas radicalizadas (simpatizantes de la dictadura siria y de grupos terroristas pro-iraníes como Hezbollah) América Latina en su conjunto se convertirá en un territorio a penetrar o un enemigo a batir. Por otro lado, ante la presencia en Latinoamérica de redes de radicalización claramente identificadas en varios países, junto con el déficit de seguridad mostrado en la zona Mercosur, el continente seguirá siendo un campo propicio para la batalla.
Aunque algunos sectores de la clase política regional no lo interpreten, estamos además ante una amenaza que no solo se va mantener en el largo plazo, sino que tiene visos de incrementarse en un futuro próximo. Las sucesivas victorias militares de Hezbollah como representante de la teocracia iraní tanto en Siria como en Irak hacen que la región cobre mayor valor estratégico para liberar recursos dedicados a atacar objetivos en nuestro territorio. Su capacidad de recaudar fondos, la influencia y el reclutamiento entre los residentes de la región debe ser especialmente monitoreada por las autoridades especializadas en actividades terroristas y de narco-lavado. Lo mismo para figuras reconocidas por su militancia en favor del terrorismo que dan mostrada apoyatura a la justificación del terror en defensa de los imputados (hoy prófugos de la justicia Argentina) por el ataque a la AMIA en Buenos Aires, y cuya apología en defensa de los perpetradores es bien conocida y aumenta aún más la peligrosidad de un nuevo ataque cuando todavía la muerte del fiscal especial para esa investigación, Alberto Nisman, no ha sido esclarecida y existen fundadas sospechas de que su deceso fue en ocasión de homicidio en el que ex-funcionarios y “operadores paralelos” del antiguo régimen kirchnerista pudieran estar involucrados.
El terrorismo seguirá siendo la principal amenaza a la seguridad en América Latina en los próximos años. Conocer mejor la naturaleza de esa amenaza, su verdadera dimensión y también algunas de las reformas que son necesarias para hacerle frente es tarea no solo de los estados. Las sociedades civiles latinoamericanas deben estar atentas, formarse e informarse para colaborar con sus gobiernos en la defensa de la democracia de sus países.
Los gobiernos regionales deben tener una decisión clara para enfrentar la amenaza y para ello se debe identificar a qué nos enfrentamos realmente. Durante mucho tiempo en Latinoamérica hemos eludido cualquier término que vinculase ese terrorismo con el islamismo o el yihadismo. Se prefería hablar de terrorismo internacional o simplemente de amenaza terrorista, negando “la dimensión religiosa-política” de ese terrorismo, esto es algo que ya no puede hacerse porque es un factor esencial si se quiere desarrollar una estrategia para combatirlo.
Aunque en América Latina el terrorismo islamista no fue tema de agenda política durante muchos años, hoy es necesario dar una respuesta integral de lucha contra el terrorismo yihadista en sus múltiples expresiones con medidas necesarias para contrarrestar la amenaza. Así, es necesario reforzar los mecanismos de cooperación judicial y policial en el continente que, pese a algunos avances logrados, aun hay carencias que es preciso mejorar.
También es esencial un reforzamiento de las fronteras latinoamericanas para evitar que personas o armas puedan introducirse en su territorio. Pero sobre todo, es necesario fortalecer la resistencia de nuestras sociedades ante los embates del terror para evitar que los terroristas y sus apologistas puedan conseguir el objetivo de engañar en la buena fe a nuestros ciudadanos para poder imponer sus objetivos.
Necesitamos una América Latina más fuerte y más firme en la defensa de sus principios, más segura de sí misma y más dispuesta a librar y vencer en esta batalla, Brasil, Argentina, Chile y Perú hoy están trabajando en ello. Un análisis histórico demuestra que las raíces del terrorismo yihadista en nuestra región son más profundas de lo que parece y que sus primeras acciones se remontan a la década de los 70 cuando contó con el apoyo de regímenes como el cubano. Posteriormente, ya entrados los 80, nuestro continente fue utilizado como base logística para distintos movimientos terroristas islamistas, especialmente los vinculados a Irán.
Especial interés tiene el análisis del atentado a la AMIA que constituye hasta la fecha el ataque más mortífero del terrorismo yihadista en suelo latinoamericano. Los datos de la investigación de la justicia argentina apuntan claramente a una conexión de esos atentados con Hezbollah e Irán y desnudan la intencionalidad criminal del mismo. Por otro lado, la necesidad de un nuevo plexo normativo en materia de legislación Penal se hace necesaria ante accionar del creciente activismo de los terroristas en Internet.
En el caso argentino el buen trabajo de las Fuerzas de Seguridad y el rigor con el que han trabajado jueces y fiscales ha permitido que más de un 90% de los detenidos en materia de narcotráfico, lavado de activos y nexos con el terrorismo se haya decretado prisión preventiva rápidamente y en forma previa a condenas que seguramente decretaran la privación de libertad de los detenidos. Esa labor preventiva tendrá éxito siempre que un segundo eje simbolizado por una comunidad de inteligencia cohesionada funcione de forma coordinada y en constante cooperación entre agencias de inteligencia y policía, algo que debe comenzar a ser una cuestión relevante en la lucha contra el terrorismo.
Finalmente, hay que destacar la eficaz colaboración internacional desplegada por Argentina en la lucha contra el terrorismo. Hoy, cuando la amenaza afecta al conjunto de los países de América Latina, se impone un esfuerzo multilateral para impulsar nuevas medidas como la integración de los sistemas de información policial y los registros de entrada y salida de nuestro continente. El intercambio constante de información operativa y la coordinación operacional debe alcanzar niveles equiparables a los que mantienen países como EE.UU. y la propia Unión Europea. La cooperación resultara vital para la eficacia en la lucha por la defensa de nuestros valores democráticos frente al terrorismo y el narco-lavado, y nuestra determinación debe ser la de no ceder jamás al chantaje de los delincuentes terroristas.
El narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo son, sin duda las principales amenazas a la seguridad de América Latina. El impacto mediático, social, político y económico de estas actividades criminales convierten estos ilícitos en una amenaza estratégica para todo el continente. Defender la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos es la primera obligación de todo gobierno democrático. Si América Latina falla en este cometido de combatir el terror islamista y los delitos conexos con su accionar, su propia supervivencia estará seriamente comprometida.
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Source: Infobae