En el imaginario colectivo, el proceso electoral termina cuando el día de la jornada el consejero presidente del INE sale en televisión y anuncia los resultados del conteo rápido. La ley, en realidad, no le asigna la competencia de validar la elección y declarar al Presidente electo, esto corresponde al TEPJF. Por ello, una de las cuestiones que pueden impactar en la percepción de legitimidad del proceso electoral son los posibles conflictos entre el órgano que organiza las elecciones (el INE) y el que las valida (el TEPJF).

A decir verdad, es normal que en una república democrática haya conflictos y diferencias entre instituciones autónomas e independientes, es decir, en un sistema en el que el poder no está concentrado y las grandes decisiones se determinan con base en todo tipo de contrapesos (a veces, exagerados e inspirados en una desconfianza excesiva, también hay que decirlo). Sin embargo, es crucial que la ley sea lo más clara posible para establecer las competencias, autoridades respectivas e incluso procedimientos específicos para sacar adelante los procesos que son la fuente de la legalidad y legitimidad de la representación política y, por lo tanto, pilares indispensables de la democracia.

En un proceso tan complicado como el que se visualiza en la lucha por el poder este año, es muy significativo lograr certidumbre, confianza y claridad a los ciudadanos. Me parece que tanto el INE como el TEPJF están intentando tomar decisiones que alcancen estos objetivos, pero no siempre es fácil. Por ejemplo, un asunto que detonó las diferencias en estos últimos días es lo que se refiere al orden del conteo al final de la jornada electoral. La legislación establece que el llenado de las actas podrá iniciarse hasta que se hayan realizado los conteos de todas las elecciones que se celebrarán ese día y que pueden ser, dependiendo del estado, hasta seis distintas. Esto creará, previsiblemente, una preocupante lentitud a la hora de transmitir los resultados del conteo rápido de la elección presidencial la misma noche de los comicios. Los consejeros del INE querían agilizar dichos resultados modificando el reglamento electoral y permitiendo que, tras reacomodar votos que pudieran haber quedado en la casilla equivocada, se empiecen a llenar las actas con los resultados de cada elección, dando prioridad a la presidencial. Pero esta decisión fue impugnada por algunos partidos políticos ante el TEPJF, el cual la revocó con un criterio de respeto irrestricto a la ley, que es también un criterio válido, sin duda.

El gran punto de todo esto es que más allá de los diferentes criterios, el hecho que debe llamar la atención es el de una ley que se antoja confusa, originada muchas veces en caprichos o desconfianzas excesivas, llena de parches, remiendos y a veces hasta contradicciones, lo cual no ayuda a crear ese clima pacífico y despejado que las elecciones en un país tan complejo como México requieren. Es así como, a pesar de la intención de tratar de dejar satisfechos a todos los actores políticos, especialmente a los más recelosos y propensos a manipular a sus votantes con el tema de la “incertidumbre”, tanto el INE como el TEPJF son cuestionados por los actores políticos dependiendo de si les favorece o no lo que se decidió con base en la Norma. Muchos analistas, incluso, han tratado de etiquetar las preferencias partidarias de algunos consejeros o magistrados para abonar a la desconfianza. Ante la adversidad, el INE y el TEPJF tienen que trabajar unidos y coordinados, incluso difundir de forma conjunta por qué surgen las diferencias de criterios para resolver algunos temas. Se causa mucha confusión pública cuando cada quien (tanto consejeros como magistrados) da su versión de los hechos de forma parcial en los diversos espacios noticiosos.