En los últimos meses hemos sido testigos del drama español de los últimos tiempos: el desafío secesionista catalán. Ahora sabemos que la declaración unilateral de independencia de la República Catalana, proclamada por el ahora destituido presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, no ha prosperado.
En el pulso sostenido entre el gobierno español y los independentistas, el primero ha contado con la ley a su favor (la Constitución), la fuerza, las empresas y apoyo de la Unión Europea. En cambio, los independentistas han contado con su afirmación de identidad propia y diferente de la española, el añejo anhelo de constituir un Estado independiente, la retórica de sus líderes políticos y creer que bastaría con un referéndum.
Entre quienes opinan al respecto, lo más fácil es darle la razón a una de las partes y desacreditar a la otra, pero en mi opinión, el error y el acierto están en ambos lados. Me explico: los españolistas se basan en lo que dice la Constitución española y el rechazo a cualquier tipo de “nacionalismo”; en cambio, los independentistas hablan de su derecho a la autodeterminación y en la afirmación de que son una nación diferente.
El acierto de los españolistas está en el reconocimiento a la legalidad y el de los independentistas en el derecho a la autodeterminación. Como el error es más complejo, lo desgloso en dos partes: Primera, los españolistas acusan a los independentistas de “nacionalistas”; ¡como si no existiera un nacionalismo español! No nos engañemos: en el fondo se están enfrentando dos nacionalismos: el español y el catalán y tiene tanto derecho de existir uno como el otro.
Segunda, a los independentistas se les olvida que en Cataluña hay una compleja mezcla de sentimientos: en los extremos unos se sienten sólo catalanes y otros sólo españoles, pero en medio unos se identifican como catalanes y españoles, a otros les da igual ser una cosa, la otra o ninguna. Lo cierto es que todos tienen derecho a vivir en Cataluña.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, aprobado por el Senado el 1 de octubre, facultó al gobierno español a suspender parte de la autonomía de Cataluña, destituir a las autoridades de la Generalidad y controlar la policía regional. Con esta medida, el señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, considera que se puede cumplir aquel viejo dicho de “muerto el perro se acabó la rabia”.
Pero ¿acaso se puede suprimir el deseo independentista con la destitución del presidente de la Generalidad? Si no lo logró Francisco Franco con una Guerra Civil y 35 años de dictadura, ¿de verdad cree el señor Rajoy que él va a terminar con el desafío independentista con la aplicación del artículo 155? Francamente, lo dudo.
Se trata de un galimatías monumental: España no quiere, no va a ceder, pero tampoco lo harán los independentistas catalanes, tal vez se replieguen por un rato a lamerse las heridas, pero volverán a la carga. ¿Qué hacer entonces?
¡Democracia! La aplicación de la ley no siempre es lo más justo. Es claro que la Constitución española está hecha en favor de los intereses españoles, no de las minorías nacionales. Otros países, Canadá y Reino Unido, por ejemplo, han procesado problemas similares por la vía democrática y, aunque no han acabado con el independentismo, tampoco se han desmembrado. La evidencia indica que esa es la vía más civilizada, ¿España está lista para serlo?
Coordinador académico
de la Facultad de Estudios Globales.
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Source: Excelsior
