CIUDAD DE MÉXICO.

Los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática pondrán fin en el país al sindicalismo corporativo y ligado a los gobiernos y partidos políticos, como los petroleros, los electricistas, los maestros, universitarios y médicos, entre otros, pero decidieron excluir la defensa de los derechos de la comunidad lésbico-gay, la despenalización del aborto y la legalización del consumo de mariguana.

Incluso en el documento que será discutido por los militantes de Acción Nacional, dice muy claro que son “logros del PAN” en la Plataforma del Frente Ciudadano por México que “no se incluyen temas como aborto; ideología LGBTIII; eutanasia; legalización de las drogas; revertir la Reforma Energética; más impuestos al ingreso e intervencionismo estatal”.

El anteproyecto de la Plataforma 2018-2024 del Frente Ciudadano, que a partir de este fin de semana comenzarán a aprobar las cúpulas del PAN, PRD y MC, dejó así fuera los temas que han sido característica de los gobiernos del PRD y que incluso abrieron brecha en decisiones judiciales de la última década, como la despenalización del aborto y los derechos de la comunidad lésbico-gay.

Tampoco incluyó un tema que ha sido promovido en los últimos años por militantes perredistas: la legalización de la mariguana, como parte de un nuevo enfoque de combate contra el consumo de drogas, y que llevó a la autorización en México del uso de la mariguana medicinal. Tampoco el rechazo a la Reforma Energética, que fue su bandera histórica.

El documento, sin embargo, contiene el proyecto de un golpe mortal al sindicalismo histórico, no sólo al oficial, sino a los gremios de las universidades públicas y privadas, porque el documento del Frente Ciudadano no define qué se debe entender por “grupos de interés contrarios a los intereses de la sociedad”; en las universidades públicas es común que diversos grupos académicos acusen a los sindicalizados administrativos de responder a grupos de interés ajenos a la academia.

Incluso la mayoría de los sindicatos de las universidades públicas son parte de la estructura informal del PRD; por ejemplo, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, fue hasta diputado federal de ese partido.

“Fortalecer la libertad y democracia sindicales y las instancias de defensa de justicia laboral. Y desmantelar el sindicalismo corporativo adscrito a partidos políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses de la sociedad”, dice el punto 98 del capítulo denominado La Necesidad de un Desarrollo Económico con Crecimiento, Inclusión Social y Sostenibilidad del anteproyecto.

La propuesta incluye temas como la inclusión de personas con discapacidad, impulsar el desarrollo de ciudades y pueblos indígenas; establecer políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social sin discriminación o algún tipo de violencia.

Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres; reducir las comisiones de las Afores; reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de los trabajadores; garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas; promover mecanismos de inserción laboral, económica, política, social y cultural de las personas jóvenes en México.

Además, “desarrollar estrategias de desarrollo que permitan sacar del atraso y de la pobreza a nuestras comunidades indígenas, respetando su cultura y usos y costumbres”, entre las 120 propuestas de este capítulo.