Por José Romero Mata. Corresponsal
Sacramento, 14 Ago (Notimex).- El procurador del estado de California, Javier Becerra, presentó hoy una demanda contra la administración del presidente Donald Trump “por su intento anticonstitucional de imponer nuevas condiciones a las llamadas ciudades santuario”.
La demanda contra la administración Trump es “por pretender obligar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de California a participar en la aplicación federal de inmigración, en lugar de permitirles usar su discreción para determinar la mejor manera de mantener a sus comunidades seguras”.
Advirtió que las nuevas condiciones impuestas a las subvenciones federales de seguridad pública “violan la Constitución, niegan a nuestros policías y contribuyentes los recursos de seguridad pública que merecen y disminuyen la seguridad de todos los californianos”.
“El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso condiciones ilegales e inapropiadas de cumplimiento de la ley de inmigración sobre ciertas subvenciones de seguridad pública para la aplicación de la ley”, denunció Becerra en la querella.
“Esta acción pone en peligro recursos críticos para combatir el crimen y amenaza seguridad de residentes de California. Más de 28 millones de dólares en fondos federales que California usa para programas, prevención de reincidencia, víctimas de delitos y testigos, y jóvenes en riesgo”, dijo.
“La administración Trump no puede manipular los requisitos federales de fondos de subvenciones para presionar a los estados, condados o municipios para hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, dijo el procurador californiano.
“Al imponer condiciones inconstitucionales de cumplimiento de inmigración en las concesiones de seguridad pública, la administración Trump está amenazando con dañar una serie de iniciativas de aplicación de la ley en California”, puntualizó.
“Se trata de una intimidación intencionada que obliga a nuestra policía a cambiar políticas y prácticas destinadas a promover la seguridad pública. Es un golpe bajo para nuestros valientes hombres y mujeres que llevan la insignia y a las comunidades a las que sirven. Lucharemos contra estas acciones federales ilegales que harían a California menos segura”, enfatizó.
El Congreso se ha apropiado de 28 millones 300 mil dólares en subvenciones de aplicación de la ley a California a través del programa Edward Byrnes Memorial Justice Grant (JAG).
Cada estado tiene derecho por ley a una parte de estos fondos JAG. Por primera vez, sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impone dos llamadas “condiciones especiales” para recibir dichos fondos que obliga a las autoridades estatales y locales a involucrarse en la aplicación federal de la ley de inmigración.
El presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva el 25 de enero pasado que busca retener fondos federales para las llamadas “jurisdicciones de santuarios”.
Esta Orden Ejecutiva ha sido objeto de desafíos legales. De acuerdo con una orden judicial, la Orden Ejecutiva está sujeta a una orden judicial a nivel nacional en este momento.
El procurador Becerra ha rechazado sistemáticamente las amenazas del gobierno federal sobre las llamadas políticas de “jurisdicción del santuario”.
En marzo, el procurador presentó dos escritos amicus separados en apoyo de la Ciudad y Condado de San Francisco y el Condado de Santa Clara, respectivamente, ya que desafiaron la Orden Ejecutiva de la administración Trump.
En mayo, el procurador californiano se unió a otros cuatro estados y al Distrito de Columbia en la publicación de un informe que refuta las reclamaciones de la administración Trump en las llamadas políticas de “jurisdicción del santuario”.
