El pasado 7 de diciembre, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendieron la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún burócrata puede tener un salario mayor a 108 mil pesos mensuales, ingreso que tendrá AMLO por ser el presidente de México.
Tras este hecho, el CJF dio a conocer que hasta el momento van 3 mil 431 demandas de amparo interpuestas por 15 mil 608 inconformes en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
De acuerdo con el informe del CJF, de las demandas que se han presentado 430 fueron interpuestas por jueces, 578 por magistrados, 4 mil 364 por secretarios, 991 por actuarios, 4 mil 901 por oficiales y mil 960 por externos que no quieren reducir su salario tal como lo propuso AMLO.
Asimismo, se han presentado demandas de servidores públicos de Pemex, de la Cofece, de la PGR, del IPN y del Cisen.
Los amparos también son solicitados por trabajadores del INE, del SAT, del Issste y del INAH.
Por su parte, las protestas de algunos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría de Gobernación (Segob), del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entre otros, también se han hecho presentes.
La reducción de salarios forma parte del plan de austeridad que promueve AMLO; sin embargo, la medida no es bien vista por miles de burócratas desde su implementación.
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