Los cortes masivos en el suministro del agua potable se están convirtiendo en un hecho habitual. El verano de 2013 en dos ocasiones, abril del año pasado y este domingo son los momentos en que a partir de brevísimas lluvias, buena parte de la Región Metropolitana quedó con sus grifos secos, gracias al enturbiamiento de las aguas que se destinan para la producción de agua potable.
Todas las miradas apuntan a la gestión de Aguas Andinas, empresa privada que gestiona el suministro de la Región Metropolitana y cuya propiedad se reparte –según los datos que entrega la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)- entre el grupo español Agbar (50,10%), el grupo Luksic a través de Banco de Chile (con casi un 13%), banco Itaú (10,11%) y la CORFO (5%). El resto corresponde a porcentajes menores, donde destacan el grupo Bethia (de la familia Solari) o el grupo de la familia Cueto.
La crema y nata del poder económico nacional controlando la producción y distribución del vital elemento. Además con lazos con el poder político, cosa que se concreta en la serie de boletas ideológicamente falsas que son investigadas, las que fueron entregadas a campañas electorales de la Nueva Mayoría.
Teniendo el control casi total de la producción y distribución del agua potable en la región -salvo la comuna de Maipú y una parte de las comunas de Cerrillos y San Bernardo que, a través del Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado (SMAPA), acceden al recurso- Aguas Andinas es un gigante que el año 2015 logró utilidades de 129 mil millones de pesos, según consigna la SVS. Según la información entregada por la misma empresa a través de su memoria anual, la empresa tiene un total de 2.149.673 clientes, lo que corresponde a un promedio de casi cinco millones de personas.
Así las cosas, va quedando claro que los números positivos de la empresa no se trasladan para lograr la satisfacción en el servicio de los clientes. Y este corte, que ya se prolongará por casi 48 horas, viene a ser un buen ejemplo.
Pero dados los acontecimientos cabe preguntarse ¿por qué suceden este tipo de eventos? y ¿por qué no se toman las medidas correspondientes? Cuestionamientos que no tienen respuesta gracias a la extensa red de intereses que se han tejido en torno a Aguas Andinas.
Aguas torrentosas
Una de las excusas más escuchadas por los clientes de la empresa es que el cambio climático se ha convertido en un factor importante a la hora de enfrentar el proceso de producción de agua potable. Esto, porque las lluvias precordilleranas provocan aludes que enturbian las ya oscuras aguas del cauce del río Maipo, las cuales son utilizadas para potabilizar y distribuir en a metrópoli.
¿Factores externos? Esos no son mencionados ni por los representantes de Aguas Andinas ni por las autoridades de gobierno, que a esta hora actúan como verdaderos portavoces de la multinacional del agua potable.
En este sentido la vocera de la Coordinadora No Alto Maipo, Marcela Mella, sostiene que “nosotros desde 2007 denunciamos que el proyecto Alto Maipo pondría en riesgo el procedimiento de abastecimiento de agua potable a la región Metropolitana, cuestión que está en manos de Aguas Andinas a través de un contrato de concesión”.
Al mismo tiempo, Mella agrega que “este contrato entre Aguas Andinas y Alto Maipo es ilegal, ya que Aguas Andinas tiene un contrato para abastecer de agua potable y servicios sanitarios a la región Metropolitana pero no para involucrarse para el negocio eléctrico“.
El diputado y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo (PS), concuerda con Mella señala en conversación con este medio que “es lamentable que tengamos que vivir situaciones como ésta. Si bien hay factores como el cambio climático, sin duda hay responsabilidades que le cae a la empresa Aguas Andinas“, y recalca que “primero en no tener un plan de prevención para estos hechos; segundo, tener un plan de inversiones en materia infraestructura y tercero, estar asociados a proyectos escandalosos como el de Alto Maipo, donde se debe esclarecer cuales son los efectos de las obras que se han realizado”.
La vocera de No Alto Maipo, recalca que “aquí hay varias cosas que se deben revisar. Por ejemplo, el acuerdo de Aguas Andinas con Alto Maipo, el que compromete las reservas de agua potable de Santiago con la Laguna Negra, la laguna El Encañado y el embalse El Yeso a disposición del proyecto eléctrico“.
Multas y Fiscalización
Entre 2010 y 2016, Aguas Andinas acumuló, por concepto de multas emitidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), $1049 millones. Algunas de las sanciones ya se encuentran aplicadas, mientras que otras están siendo apeladas.
Considerando el volumen de las utilidades de esta empresa, las multas significan un mínimo costo en su modelo productivo.
El parlamentario sostiene al respecto que “el trabajo cotidiano que realiza esta empresa nos deja en evidencia que prefiere pagar las multas antes que invertir en mantenimiento o mejoramiento de su infraestructura“.
Ante dicho escenario cabe la posibilidad de llevar a cabo otras acciones, como demandas colectivas, como en el caso de la colusión u otros hechos de abuso empresarial.
Consultado por El Ciudadano al respecto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores (CONADECUS), Hernán Calderón, sostiene que “si cabe la posibilidad, pero esperamos que la Superintendencia realice las investigaciones correspondientes por las responsabilidades que le correspondan a la empresa en la información oportuna de un corte“.
“Siempre que hacemos demandas de este tipo esperamos el informe de la Superintendencia que sancione a la empresa, porque no es muy difícil ir sin esta base”, agrega Calderón.
A su turno, el diputado Melo sostiene que es necesario dotar de mayores herramientas de fiscalización a los organismos del Estado que se relacionen con estas empresas y destaca que “el estado debe tener un rol mucho más importante, para garantizar el acceso al agua potable y sobre todo con los últimos hechos“.
Sin embargo, reconoce Melo, los parlamentarios tienen atadas las manos para promover una legislación en este sentido y sentencia: “Al parlamento le toca fiscalizar y abrir el debate sobre el rol del Estado para garantizar el acceso del agua de la población, pero es al ejecutivo al que le corresponden presentar las leyes respectivas“.
@joserobredo
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Post y Contenido Original de : El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2017/02/27/362167/tras-nuevo-corte-masivo-quien-le-pasa-la-factura-a-aguas-andinas/
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