La historia de Majo podría ser la de cualquier otra joven mexicana que hoy en día está siendo víctimas de la llamada pornovenganza, un fenómeno social que se propaga con rapidez en las redes sociales.
Majo tenía 19 años de edad. Fue asesinada y Martha, su madre, lamenta que ella no contara nada a su familia sobre la situación que enfrentaba.
“Si ella nos hubiera platicado, nos hubiera dicho y tenido la confianza con nosotros para decirnos que la estaban chantajeando con un video íntimo que en aquel momento su novio y ella hicieron”. Martha, madre de joven asesinada.
Ruth Delgadillo, directora de Capacitación del Consejo Ciudadano de la CDMX, refiere que como Majo, muchas estudiantes “no quieren hablar de esto, no saben cómo enfrentarlo con la familia, muchas de ellas, pensando en que son mujeres la mayoría de ellas, incluso buscan salirse de ese entorno educativo”.
El Director de la Policía Cibernética del gobierno de la capital del país, Edgar Martínez, comenta que esta actividad “es una conducta que lastima mucho el tejido social”.
Tanto es así que la diputada del PAN, Abril Trujillo, presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa, pero se fue a la congeladora.
Sin embargo, en Yucatán han tomado la delantera hace unas semanas cuando el Congreso local aprobó penalizar hasta con nueve años de cárcel a quien cometa ese delito.
Erica, una joven radicada en Mérida, asegura que ahora “nos vamos a sentir protegidas y escuchadas a la vez, igual nuestra familia”.
Lo mismo opina Melisa, también yucateca, “Se me hace muy buena idea el que haya una ley que te respalde para demandar a la persona que compartió o subió a internet lo que tú le proporcionaste en algún momento”.
Por ello, Daniel Ávila Ruiz, uno de los líderes panistas en esa entidad, considera que todos los congresos estatales deberían legislar en la materia y también el Congreso Federal para que haya penas y sanciones severas, en contra de la pornovenganza.
Especialistas señalan que estudiantes no saben cómo reaccionar.
Legisladores de Yucatán tipificaron delito con hasta nueve años de cárcel.
Piden sea delito a nivel nacional.