A principios de agosto de 2017, los medios mexicanos se inundaron con noticias sobre la inclusión del futbolista Rafa Márquez y nueve de sus empresas en la lista de prestanombres de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC).

Con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, en inglés), la OFAC identificó a Raúl Flores Hernández como narcotraficante significativo. Además de Flores y su organización, la OFAC nombró a 21 mexicanos y a 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Flores. Así es como el capitán de la selección mexicana de futbol fue acusado de estar presuntamente ligado al narcotráfico. A raíz de la vinculación de Márquez, la PGR abrió una investigación que concluyó a finales de enero de 2018. El Ministerio Público no comprobó la culpabilidad y responsabilidad del deportista y resultó exonerado.

Mediante amparos, Rafa Márquez ya recuperó una parte importante de sus activos y se reincorporó al Atlas Futbol Club aunque continúa siendo parte de la lista de la OFAC. Más allá de la inocencia o culpabilidad de Rafa Márquez, usemos este ejemplo para entender qué implicaciones tiene estar en esta lista. La atención que este caso atrajo, por tratarse de una figura pública de alto perfil, sirve para empezar una conversación sobre corrupción y lavado de dinero y cómo lo abordan las autoridades financieras de otros países, entre ellos México, y que tan eficientes son las listas negras.

La Ley de Designación de Cabecillas fue creada en 1999 mediante una orden ejecutiva del presidente Bill Clinton para bloquear y prohibir cualquier tipo de transacción financiera de o en Estados Unidos con narcotraficantes significativos. Esta ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los extranjeros que se presume están involucrados en el tráfico internacional de narcóticos y procesa a los estadounidenses que manejen dinero del narcotráfico. Desde su promulgación, más de 2 mil empresas e individuos han sido señalados por su presunta participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por penas civiles son de hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada violación. Por penas criminales, las sanciones son más severas. Para los directivos de empresas pueden ser de hasta 30 años de prisión con multas de hasta 5 millones de dólares, y las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.

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Una de las acciones más relevantes de esta ley es la identificación pública de los narcotraficantes por medio de dos listas. La lista uno corresponde a los cabecillas de organizaciones narcotraficantes. En la lista dos, la que concierne a Rafa Márquez, se incluyen personas y organizaciones que se presume han apoyado o colaborado de alguna manera con el narcotráfico.

El gobierno de Estados Unidos considera que este acto de identificación pública es una herramienta importante tanto para desbaratar las finanzas del crimen organizado y los grupos de tráfico de drogas, como para exponer la vasta red de negocios ficticios que permiten a los narcotraficantes oscurecer y lavar sus ingresos ilícitos.

Sin embargo, existen también un número importante de opositores que argumentan que la puesta en práctica de esta ley no está exenta de errores, la cual expone y empaña la reputación de las personas con escasa evidencia y sin observar un debido proceso. Siempre es posible ser borrado de la lista dos de la OFAC, pero es necesario pasar por un largo proceso judicial en tribunales de Estados Unidos.

¿Qué pasa en México?

Esta ley no tiene efecto vinculante en territorio mexicano, como lo tiene en otros países como Colombia, por poner un ejemplo. Las empresas y los particulares tienen que cumplir con multas y sanciones en territorio estadounidense, sin embargo, pueden seguir sus actividades fuera de Estados Unidos.

En México, la OFAC cuenta con el apoyo de la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para sus investigaciones y es común que la Procuraduría inicie averiguaciones de oficio por lavado de dinero si una persona aparece en la lista OFAC.

¿Equivalente mexicano?

La Secretaría de Hacienda, en su carácter de autoridad financiera, también emite una lista similar a la publicada por la OFAC. En enero 2014 fueron modificadas las leyes financieras para incluir la obligación de suspender de forma inmediata la realización de todas las operaciones y servicios con los clientes o usuarios que estén en la Lista de Personas Bloqueadas. Es decir que la SHCP emite prohibiciones a los intermediarios financieros (bancos, casas de bolsa, negocios de juegos con apuestas, empresas de venta de inmuebles, etc.).

En cambio, las personas o empresas en la Lista de Personas Bloqueadas no están impedidas de suspender sus actividades. Estar incluido en esta lista no equivale a una investigación de carácter penal por lavado de dinero, es simplemente una restricción con los intermediarios financieros. La gran diferencia con la lista norteamericana es que, en México, no se hace pública y la capacidad de presionar a empresas o personas para cooperar con las autoridades en temas de lavado de dinero disminuye sensiblemente.

A seis meses del escándalo mediático del capitán de la selección mexicana y con el equipo legal del futbolista recuperando sus activos vinculados a las investigaciones, poco a poco la vida de Rafa Márquez regresa a la normalidad. Hoy en día parece que no podrá jugar su quinto y último mundial, pero es probable que su equipo legal lleve el caso a tribunales de Estados Unidos para que sea removido de la lista.

*El contenido de esta entrada fue elaborado por Leonor Ortíz Monasterio, investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestra en políticas públicas (Universidad de Chicago) e internacionalista (ITAM).