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Para acabar con el problema de la desaparición forzada en México, es necesario romper con la cadena de impunidad, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el funcionario federal resaltó que la Ley contra la Desaparición Forzada, promulgada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, define con claridad cuál es la responsabilidad de cada instancia gubernamental. "Lo que se propone la ley es fortalecer las instancias de investigación con definiciones claras de las responsabilidades que le corresponde a cada nivel de autoridad y fortalecer el nivel de búsqueda", declaró. Recordó que esta legislación se empezó a trabajar a finales de 2014, con una iniciativa que proponía una reforma al artículo 73 de la Constitución para darle al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de desaparición. Campa Cifrián refirió que desde que se empezó a redactar la iniciativa de ley se trabajó en conjunto con las víctimas, el Senado y la Cámara de Diputados, al grado que dicha normativa alcanzó a ser incluida en el presupuesto de Egresos del 2018. El subsecretario indicó que una de las tareas principales de la ley es crear un registro confiable de personas desaparecidas y personas no localizadas (éstas no fueron privadas de su libertad y en el 70% aparecen en estados sin problemas de desaparición forzada). Agregó que hasta el momento el número de desaparecidos asciende a 30 mil personas, por lo que se trabajará con las instancias locales correspondientes, de las cuales, resaltó el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la de Veracruz, ya que "son ejemplo de la disposición de los gobiernos estatales para erradicar el problema". "Lo que se propone la ley es fortalecer las instancias de investigación con definiciones claras de las responsabilidades que le corresponde a cada nivel de autoridad y fortalecer el nivel de búsqueda", expuso. Con relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recordó que hasta el momento hay 130 personas vinculadas a proceso y que la atracción del caso por parte de la PGR fue una decisión acertada por la magnitud del caso. Respecto a los reclamos de familiares y víctimas de desaparición, el subsecretario Campa reconoció que "muchas veces son duros, a veces injustificados", pero que como funcionario "está obligado a pensar que es una madre buscando a un hijo, entonces tiene derecho a exigir y plantear las cosas como quiera".
Source: Radio Formula
