CIUDAD DE MÉXICO – Los principales empresas mineras mexicanas, Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco, deben al país en conjunto casi 180 millones de dólares en regalías sólo de 2015, según cifras preliminares del Gobierno vistas por Reuters. Los documentos, que forman parte de una amplia revisión de la industria sobre cumplimiento fiscal liderada por la autoridad tributaria, estiman que Grupo México debe unos 1,700 millones de pesos (91.4 millones de dólares) de una regalía minera del 7.5 por ciento sobre las ganancias extractivas de 2015. Peñoles y Fresnillo, del local Grupo Bal, adeudan unos 962.6 millones de pesos y 492.6 millones de pesos, respectivamente, mientras que Frisco, del magnate Carlos Slim, debe unos 189.1 millones de pesos. Frisco y Peñoles no pagaron por derechos mineros en 2015, mientras que los pagos de otros no cumplieron con las estimaciones, según las cuentas preliminares del Gobierno para el segundo año de vigencia de los derechos. Reuters no pudo determinar si las compañías habían recibido dichas estimaciones. La revisión es el capítulo más reciente de un desacuerdo entre el Gobierno y la industria, cuya producción está valorada en unos 13,500 millones de dólares anuales y, según críticos, ha obtenido ganancias durante años sin pagar lo justo. También es parte de un esfuerzo más amplio para impulsar el pago de impuestos en el país para que ayude a solventar la caída de los ingresos petroleros. "No me sorprende (…), esta ha sido una situación recurrente en México", dijo Patricia Legarreta, coordinadora de investigación de PODER, una organización no gubernamental que busca impulsar la transparencia corporativa en América Latina. "Es muy importante que se audite (a las empresas)", añadió. Fuentes del Gobierno dijeron que los datos no significan necesariamente que las compañías hayan violado la ley. La revisión, iniciada en 2016, busca determinar si los pagos de regalías debían examinarse más a fondo. Los datos se basan en un comparativo preliminar de las declaraciones de impuestos y los reportes anuales e incluyen los créditos fiscales que las empresas pueden acreditar contra los pagos. El escrutinio del Gobierno refleja un mayor alejamiento en la relación entre empresas y autoridades fiscales desde que la nueva regalía entró en vigor en 2014. Más de 80 subsidiarias mineras que operan en México, incluyendo unidades de Frisco de Slim, han presentado recursos legales argumentando que la regalía es inconstitucional, según documentos vistos por Reuters. Funcionarios podrían buscar montos mucho mayores en la medida en que revisan el sector en busca del cumplimiento de temas como los pagos del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y regalías, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto. La autoridad tributaria mexicana SAT y Grupo México declinaron hacer comentarios. Fresnillo aseguró que "cumple cabalmente con todas sus obligaciones y derechos fiscales". Peñoles refirió a Reuters una carta que envió a la cámara minera de México en la que expresó su "inconformidad" con la cifra. Aseguró que pagó sus derechos mineros, conforme a la ley, y "ya se distribuyó y repartió a los municipios, estados y federación". Por su parte, Frisco dijo en un correo electrónico que dos unidades habían impugnado la regalía y que estaban sujetas a derechos "especiales", pero no cancelaron nada por acreditar el pago de otros impuestos como la ley permite. TORMENTA PERFECTA El impuesto minero entró en vigor justo cuando los precios de los metales cayeron, desatando enojo entre las empresas del sector, que amenazaron con detener inversiones. "El valor del mineral, escasez de dinero y nuevas regalías: Creo que fue la tormenta perfecta para que se detuvieran proyectos (…) (la regalía) fue la gota que vino a derramar el vaso", dijo Mario Hernández, socio de KPMG en la práctica de impuestos. El tributo fue parte de una reforma fiscal más amplia encaminada a incrementar la recaudación en México y fue acompañada por una regalía sobre ganancias por la venta de oro, plata y platino así como una que impone multas más altas por la no explotación de minas. Un 80 por ciento de los recursos provenientes de los impuestos se destinaría a un fondo para las comunidades cercanas a los yacimientos, pero las controvertidas regalías aportaron al Gobierno sólo poco más de 2,000 millones de pesos en 2015. En una acción sin precedentes, el máximo auditor nacional, ASF, publicó un reporte en febrero que identificaba a unidades de Grupo México, Fresnillo, Frisco y Peñoles como "presuntos evasores" fiscales. La cámara minera de México, Camimex, dijo en que sus miembros cumplen con sus obligaciones fiscales y expresó su "preocupación" y "extrañeza" por los comentarios de la ASF en una carta enviada a ese organismo en marzo y de la cual Reuters obtuvo una copia. Expertos fiscales comentan que la ley está plagada de lagunas, las cuales derivaron también en reestructuraciones que redujeron los pagos de derechos. Algunas empresas mineras, por ejemplo, crearon nuevas unidades que "rentan" equipo para sus subsidiarias dado que las inversiones en maquinarias y equipos no se deducen de las ganancias sujetas a impuestos. De acuerdo con reportes anuales, entre 2013 y 2014, Fresnillo creó cuatro nuevas subsidiarias en México dedicadas a la renta de equipo, mientras que Frisco constituyó dos en 2013, antes de que la ley entrara en vigor. Ambas empresas declinaron hacer comentarios a Reuters sobre sus reestructuraciones. Una persona cercana a la situación comentó que la autoridad fiscal SAT ha estado revisado estas reestructuraciones. Reuters