Los implicados en México en la trama de corrupción de la constructora brasileña serán llevados a tribunales antes del final de la administración de Enrique Peña Nieto, dijo el responsable de la fiscalía general.
“Estamos hablando de semanas, antes que termine la administración, este caso será judicializado y las personas estarán enfrentando a la justicia en una investigación complementaria”, dijo Alberto Elías Beltrán, titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) a Grupo Fórmula.
El escándalo de Odebrecht, que sacudió los cimientos del poder político y empresarial en América Latina llevando a prisión a ministros y presidentes en países como Brasil, Perú y Colombia, no ha tenido hasta la fecha mayores repercusiones concretas en México, donde solo un personaje muy cercano al presidente fue señalado como presunto implicado.
“Por la parte de la secrecía y el debido proceso no podría hablar del número o nombre de las personas que pudieran ser judicializados, lamentablemente”, agregó Beltrán.
Emilio Lozoya, quien fue miembro del equipo de campaña de Peña Nieto y luego director de la petrolera estatal Pemex, fue señalado por exejecutivos de Odebrecht como presunto receptor de unos 10 millones de dólares en sobornos para favorecer a la compañía en licitaciones, mientras que otros testimonios apuntaron a que también habría recibido dinero para la campaña presidencial del actual mandatario.
La PGR citó a declarar a Lozoya, quien rechazó las acusaciones.
Al respecto, Beltrán afirmó que Lozoya “es parte de la investigación”.
“Hay una serie de amparos (recursos) que ha presentado su defensa, nosotros estamos litigando los amparos para que en su momento y cuando se tengan las condiciones para poder judicializar se judicialice el caso”, añadió.
Beltrán explicó que, a diferencia de otros países donde Odebrecht logró acuerdos con los gobiernos para colaborar en las investigaciones a cambio de continuar efectuado obras ya contratadas, en México la compañía fue inhabilitada para operar.
“Hay cuatro procedimientos y dentro de esos procedimientos se ha determinado como sanción la inhabilitación, y algunos daños de orden económico por el incumplimiento de una serie de contratos”, detalló.
En abril, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a dos unidades de Odebrecht para participar en contrataciones públicas por dos años y seis meses, así como a dos altos ejecutivos de la empresa.
fuente: El Economista
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