Este jueves, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó una nueva audiencia de formalización en el caso del fraude en Carabineros, esta vez, contra 13 imputados acusados de lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Miguel Ángel Orellana, uno de los fiscales que investiga el caso, explicó a radio Universidad de Chile que los implicados formaron parte de una asociación estructurada y jerárquica, en la que cada uno de ellos cumplía funciones específicas y concretas, cuyo objetivo era sustraer fondos públicos desde cuentas bancarias institucionales de Carabineros.
Del mismo modo, el fiscal señaló que desde el año 2006 al 2017 los imputados sustrajeron fondos fiscales, mediante jubilaciones de personas que jamás pertenecieron a Carabineros, pagos no justificados, falsificación de instrumentos públicos, resoluciones de desahucio calificadas, depósitos por exceso de sueldos, entre otras.
“Efectuaron una serie de maniobras de adulteración en los registros contables y las bases de datos de Carabineros, para lo cual realizaron transferencias desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios activos y en retiro, de familiares de los mismos y de civiles. Esta organización criminal estaba compuesta por un grupo de oficiales de la institución, quienes eran responsables de la custodia y administración de los fondos públicos, de funcionarios policiales y de civiles”, argumentó el fiscal.
Según señaló Orellana, los acusados realizaron diversos mecanismos que les permitieron desvincular el dinero desde su fuente ilícita, introduciéndolo al sistema financiero formal y vulnerando los todos controles preventivos en materia de lavado de dinero.
“Parte de las ganancias fueron posteriormente introducidas al sistema económico formal, cometiéndose el delito de lavado de activos bajo distintas modalidades, entre las que se encuentran utilización de cuentas bancarias personales y la realización de giros fraccionados de dinero en un mismo día, cambiando de sucursal bancaria o cajeros automáticos para no levantar sospecha de los organismos fiscalizadores”, sostuvo el persecutor.
Sumado a lo anterior, los imputados habrían entregado y distribuido dinero a distintos miembros de la organización mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias y entregas en efectivo en domicilios particulares, la vía pública y oficinas institucionales.
Asimismo, también habrían constituido y utilizados la figura de personas jurídicas para incorporar parte del patrimonio ilícitamente obtenido al sistema financiero. Además, habrían adquirido diversos productos bancarios y bienes como vehículos y propiedades.
Así, el Tribunal decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados para todos los formalizados. Luis Guillermo Vilches Morales, Leonardo Morales Avendaño, Sergio Alfredo Bracamonte Villalobos y Jorge Fernando Latrille Niembro, quedaron con arresto domiciliario total, mientras que para Juan Carlos Cereceda Vásquez y Gabriel Alberto Gonzáles Candia se determinó arresto domiciliario nocturno.
De acuerdo a lo indicado por el fiscal Miguel Ángel Orellana, el fraude en Carabineros supera los 26 mil millones de pesos.
Source: El Ciudadano