PRI gobierna los tres estados más inseguros del país
Los tres estados más violentos del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, comparten una característica: en la actualidad son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Guerrero, Colima y Sinaloa –en este orden– lideran la lista de mayor incidencia de delitos a nivel nacional, ya que en esos terruños, el combate a la impunidad, el fortalecimiento de la policía, las estrategias para disminuir las tasas de homicidio, y el papel de los gobiernos locales en la solución del problema –que es lo que mide el índice–, no son suficientes.
Para los analistas consultados por SinEmbargo, el hecho de que el PRI gobierne los estados más violentos no necesariamente indica que la violencia criminal esté ligada, de manera directa, con los manejos del partido. Sin embargo, el aumento general de la violencia en México [que este año, el país alcanzó un récord histórico de homicidios] sí habla de una estrategia fallida en contra de la criminalidad y de la violencia. Fracaso que, inclusive, ha llevado al recrudecimiento del problema a nivel nacional.
Las tres entidades más violentas de la República mexicana [Guerrero, Colima y Sinaloa] son gobernadas por el PRI. Dos de ellas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, presentan niveles alarmantes de criminalidad: Guerrero es el menos pacífico por cuarto año consecutivo, donde la violencia retornó a niveles de 2011 –62 homicidios por cada 100 mil habitantes–. Y Colima, hoy día, tiene la tasa de homicidios más alta a nivel nacional –77 muertes por cada 100 mil habitantes–.
En total, 11 entidades federativas tienen alto grado de incidencia delictiva, refiere el Índice del Institute for Economics and Peace (IEP), un think tank independiente. Cuatro de ellas son manejadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); tres por Acción Nacional (PAN); y tres más por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sólo una está en manos de un político independiente: “El Bronco”, en Nuevo León.
El problema, en ese sentido, no radica necesariamente en quién gobierna la entidad, sino en cómo se está aplicando la estrategia nacional de seguridad pública, tanto a nivel local como nacional, refieren analistas consultados por SinEmbargo. Empero, uno de los problemas centrales del combate a la violencia se ve reflejado en “la debilidad institucional de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales”, mencionó el doctor David Morales González, especialista en procesos políticos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Para él, la corrupción y la impunidad, sumados a la “falta de una estrategia eficaz por parte de las fuerzas federales”, hacen que el combate a la violencia esté fallando.
“No sólo se trata de una política policiaca y de de fuerza, sino que tiene que ver con miras a las causas sociales de la violencia”, explicó.
Este año, la sangría no se detendrá en México. Incluso, el mes pasado, llegó a alcanzar niveles históricos desde que en 2006, durante el mandato del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, diera inicio la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
En el primer semestre de 2017, con más de 12 mil asesinatos, la administración de Enrique Peña Nieto, que se encuentra en la recta final de su ejercicio, tuvo 16 por ciento más homicidios que durante ese mismo periodo de 2011 -el más violento en los últimos once años… hasta hace poco-, refieren datos de la organización civil Semáforo Delictivo.
México rompió un récord infame y las cifras oficiales, asimismo, lo corroboran. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de este año, se registraron cuando menos 20 mil 878 homicidios dolosos; esto es ocho por ciento más que en el mismo periodo de 2011 [19 mil 347] y 15.3 por ciento más que en 2012 [18 mil 102].
Sin embargo, la estrategia del Gobierno federal sigue siendo la misma que la de 2006, sin que haya logrado contrarrestar -de acuerdo con las cifras oficiales- los efectos de la violencia. El “fuego contra fuego” es la dinámica vigente. La guerra interna tiene impactos económicos abrumadores –3.07 billones de pesos en 2016, refiere el IEP– y el Gobierno federal sigue destinando más recursos para combatir, con plomo, al crimen organizado.
Entre 2013 y 2017, sólo el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el Programa de Seguridad Pública tuvo un aumento presupuestal de 12.3 por ciento [una diferencia de 344 millones 169 mil 580 pesos], indican los montos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A pesar de mantener a los soldados en la calle, la tasa de homicidios dolosos en el país, hasta octubre de este año, fue 6.1 puntos superior a la del mismo periodo en 2006. Asimismo, las tasas de extorsión y de secuestro aumentaron en 0.97 y 0.9 puntos, respectivamente.
No obstante, la tasa de delitos con violencia ha disminuido a nivel nacional -este año fue 9.2 por ciento menor que el anterior, según datos del IEP-. A pesar de ello, la situación de violencia en nuestra nación es crítica.