América Latina nunca ha sido un lugar con una buena fama en cuestión de seguridad, en especial para la gente de Estados Unidos y Europa. Ahora, gracias al último informe de la organización ecologista Global Witness, tampoco es un lugar seguro para los defensores del planeta, la tierra y los animales. Y es que tanto México, Perú y Colombia han sido indicados como escenarios donde es muy normal que los ecologistas sean asesinados.

México ocupa uno de los puestos más alto de ese conteo, y es que la oleada de violencia que vive el país centroamericano está cada vez más normalizada, en especial por la impunidad que los criminales consiguen. El problema no es menor, solo basta pensar que en 2017 fueron asesinadas 15 personas ecologistas en comparación a los tres casos que fueron registrados el año anterior.

El mismo informe indica que Brasil es el país que registró más cantidad de estos asesinatos, con un total de 57 personal muertas, y de ese total, un 80% era gente que estaba en contra de la tala y explotación de diferentes zonas del Amazonas.

Po otro lado, en Colombia, son 24 los defensores de la naturaleza asesinados, una cifra muy alta si la comparamos con los ocho muertos que hay en Perú. Honduras -país que ha hecho ruido con este tema por la muerte de la reconocida ecologista Berta Cáceres– era uno de los casos a analizar, pero a diferencia de lo que uno podría creer, la cifra ha bajado de catorce casos en 2016 a tan solo cinco en 2017. 

Mientras que otro país centroamericano, Nicaragua, fue el que registró mayor cantidad de homicidios en relación a la cantidad de gente que vive en el país, con casi cuatro ecologistas asesinados. Así, sumando todos estos países, hacen de América Latina el peor escenario para los ecologistas del mundo, gracias a la gran concentración de asesinatos de esta gente. Es cosa de tan solo pensar en que este continente representa casi el 60% del total de las muertes del mundo.

Territorios indígenas

¿Pero qué tipo de desiciones llevan a esto? Un buen ejemplo para responder esta pregunta es que desde 2007, la Autoridad Ambiental de México ha otorgado concesiones madereras en poco más de 24.000 hectáreas de territorio perteneciente a los indígenas en Coloradas de la Virgen, Chihuahua. El problema aquí es que no se le consultó a las comunidades afectadas, una cosa que se exige en el Derecho Internacional. Por este tipo de cosas muchas comunidades y familias indígenas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para hacer espacio para los madereros, que no dejan recorrer el lugar si no son acompañados por un policía.

No pocas personas se opusieron a estas concesiones, intentaron parar esos movimientos con acciones legales o derechamente protestas, pero ahora son víctimas de amenazas de muerte, ataques directos e incluso asesinatos. Desde 2016, seis miembros ecologistas que se opusieron a estas medidas han sido asesinados, incluido Isidro Baldenegro, ganador del Premio Medioambiental Goldman.

Pero este no es solo un problema que se limita a la tala de árboles, sino que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 la mayoría de las 2.600 concesiones mineras en México estaban operando en terrenos ancestrales sin consentimiento de los pueblos originarios que vivían en esas tierras.

¿A qué precio?

Según Ben Leather, responsable de Global Witness, hay cuatro razones principales para este aumento de la violencia contra los ecologistas en México:

 “La propagación del crimen organizado, la impunidad persistente, la falta de protección efectiva a personas defensoras en riesgo y la exclusión de comunidades afectadas por megaproyectos de la toma de decisiones sobre el uso de sus tierras y sus recursos naturales. Pero detrás de todo esto se esconde una completa ausencia de voluntad política. El nuevo Gobierno tendrá que priorizar los derechos del pueblo por encima de los poderes fácticos y empresariales, si van acabar con esta violencia”.

El informe de Global Witness titulado ¿A qué precio?, fue publicado hace poco y deja claro el aumento en la violencia de este tipo de casos. Sobre la situación puntual de México, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que ver la postura frente a este tema. Leather dice que:

“Si quiere ser coherente, Obrador debe anunciar que este asunto será una prioridad. Debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o retener su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de su tierra”.

Source: UPSOCL