Cuando pensamos en la pena de muerte, probablemente pensamos en los procesos más crueles. Una imagen casi medieval. Caballos que tiran a hombres de sus extremidades, mujeres colgadas o quemadas en las plazas públicas, o un hombre gordo y peludo que lleva su cabeza tapada, listo para soltar la guillotina sobre un cuello brillante de su sudor. Luego, viene el dato extraño: según dicen, una cabeza humana conserva suficiente oxígeno como para poder vivir cerca de 5 segundos después de que la hoja llena de filo separó la cabeza del cuerpo.
Hoy en día, nos gusta pensar que esta clase de métodos están abolidos (a pesar de que haya un porcentaje de la población mundial que cree que la pena de muerte debe volver a las legislaciones como un mecanismo para normar las conductas de los ciudadanos) en casi todo el mundo. O, al menos, en los países que presentan un desarrollo más grande.
Según Amnistía Internacional, 106 países han abolido la pena de muerte. Un enorme avance, si se considera que esto es más de la mitad de los países del mundo, pero de todos modos siguen habiendo muertes que son dictadas en la corte. El 2017, 2.591 personas fueron condenadas a muerte en 53 países. Al menos 23 de ellos las llevaron a cabo.
Uno de estos fue China, el gigante asiático que tiene un modelo económico capitalista hacia fuera, pero está comandada por un severo régimen comunista en su interior, es uno de los países que aún no han abolido la pena de muerte. Parece raro esperarlo de uno de los países más desarrollados económica y tecnológicamente en el mundo, pero según los datos de Amnistía Internacional, se lleva el cetro del mayor ejecutor del mundo, aunque se desconocen las verdaderas cifras de la pena de muerte en el país, pues son consideradas secretos de Estado.
Y las cifras no son lo único preocupante, pues los métodos, y las maneras de dar la noticia también. Hace apenas unos días, la Corte local de Quiongshan dio el veredicto sobre dos criminales que estaban siendo buscados por las autoridades: Cai Liqun, de 39 años, y Huang Zhengye, de 36, eran condenados a la pena de muerte. Liqun tenía cargos por venta de metanfetamina y magu, una droga sintética muy popular en China; Zhengye fue hallado culpable de transportar y vender metanfetamina.
Sembrar el terror y “educar”
Después de salir de la Corte, la policía los escoltó hasta un evento público. En un campo deportivo en Haikou, provincia de Hainan, habían dispuesto todo para que la sentencia fuera casi una celebración: el campo verde y abierto estaba cubierto por las gorras rojas y amarillas de 300 escolares. Del otro lado, un enorme escenario se alzaba tras los criminales. Ahí fue donde la policía se detuvo, y tomándolos de los hombros y obligándolos a mirar a la multitud de infantes, una mujer se paró en el escenario a leer la sentencia. La mirada en el rostro de ambos era pesarosa y severa (no podría haber sido de otra forma), y los niños se mostraban lejos de la inquietud característica de la infancia. En lugar de eso, miraban al piso y movían sus mochilas en el aire. El maestro se plantó con las piernas abierta y puso atención en el escenario. Tenía los brazos detrás de la espalda.
La lectora termina el veredicto asegurando: “Ahora, anuncio que Cai Liqun y Juang Zheny serán trasladados al campo de ejecución, donde serán fusilados”. Se escuchan algunos aplausos muy débiles. Entonces, la policía tomó a los dos sentenciados y en un enorme grupo los escoltaron de vuelta hasta los vehículos.
El método de comunicar el veredicto ha generado un enorme revuelo, sobre todo en el mundo occidental: ¿por qué un país llevaría a 300 niños a un campo de deportes para que escuchen que dos hombres morirán por traficar drogas? Nadie tiene la respuesta. China se defiende asegurando que estos métodos son para infundir miedo antes de tener que amedrentarlos. Llevar a un criminal condenado a un lugar público, y celebrar su sentencia frente a los menores, es una estrategia comunicacional de la justicia. Así, se aseguran de inyectar el miedo en los cuerpos y las mentes más jóvenes. Es una forma efectiva y veloz de combatir contra el narcotráfico. Probablemente, después de haber visto esto, ninguno de esos chicos quiera fabricar o vender drogas.
O, al menos, eso es lo que cree el Gobierno.
A pesar de que hubo más de 2.500 personas sentenciadas a muerte el 2017, logra reconocerse una pequeña baja con respecto a las cifras del 2016, año en el que 3.117 personas fueron condenadas a la máxima pena.
Source: UPSOCL