Durante su conferencia matutina del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que varios grupos cercanos al poder se habían beneficiado de la privatización de centros penitenciarios emprendida por Felipe Calderón. Este jueves, confirmó que la trama llega hasta el cuñado de Salinas de Gortari.
En su comparecencia de esta mañana, el mandatario reconoció que algunos de los beneficiarios de la lista de ocho reclusorios que obtuvieron la adjudicación directa de penales por un periodo mínimo de 20 años están vinculados de manera directa al político priista, ya que son sus cuñados.
El, o los Cuñados
Se trata de Hipólito y Jerónimo Gerard, hermanos de su esposa Ana Paula Gerard, son constructores que han sido beneficiados por gobiernos de todos los partidos durante los últimos 20 años.
El primero es dueño de GIA+A, una de las empresas que operan estos penales, cuyo costo total es de 266 mil millones de pesos del erario público.
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Otros de los notables empresarios cuyas empresas también están sacando una millonaria tajada de la operación de prisiones son Olegario Vázquez Raña y Carlos Slim. A través de las empresas Prodemex y Capital Inbursa, ambos magnates son operadores de otros tres centros penitenciarios. Finalmente, la financiera estadounidense BlackRock también tiene la concesión de uno de estos penales.
Esta no es la primera vez que Gerard y la Familia Vázquez Raña se ven involucrados en una licitación gubernamental, ya que también estuvieron implicados en la edificación y operación de hospitales en el Estado de México y Sinaloa; así como en el fallido proyecto del tren México-Querétaro, obra del gobierno de Enrique Peña Nieto que el presidente Obrador se ha comprometido a echar a andar.
Oposición por televisión
El titular del Ejecutivo también sugirió la presencia del corporativo encabezado por Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir durante su conferencia, aunque sin dar nombres. Dijo que había un grupo de medios involucrado, el cual tiene a un periodista que se dedica a atacarlo, refiriéndose a Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen.
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Sin embargo, el Grupo Empresarial Ángeles (GEA) se ha mostrado cercano a su administración, ya que Vázquez Aldir forma parte de su consejo empresarial y el gobierno tiene un convenio con los hospitales Ángeles para que estos reciban a pacientes de COVID-19 y reciban a pacientes del sector público.
15 mil millones y contando
Pese a que, durante 2020, el gobierno federal pagó más de 15 mil millones de pesos a estas empresas para operar los reclusorios, las condiciones que enfrentan los internos en dichos centros son deplorables. Esto fue confirmado por Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
En entrevista para el programa Los Periodistas, el funcionario reveló que el trato que reciben las personas privadas de la libertad es denigrante y alejada de derechos humanos básicos. Sandoval afirmó que hay documentos que comprueban que las autoridades penitenciarias han sugerido a los reos beber agua del mingitorio, debido a que no cuentan con agua potable.
Debido a las condiciones que se presentan en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, de Buena Vista Tomatlán, Michoacán, el IFDP ya ha presentado cuatro recursos de amparo y buscado la intervención de instancias internacionales. Las instancias gubernamentales señalan que son los prestadores de servicio (Prodemex) quienes se niegan a adquirir agua potable.
