Un diputado local ha propuesto hasta ocho años de cárcel para las personas que compren celulares que han sido robados.
Dicha reforma será incluida en el Código Penal del Estado y tendrá tres artículos que sancionen a quienes roben celulares, los comercialicen o los compren.
“Con esta reforma buscamos que el robo de celulares se persiga de oficio para que la Fiscalía del Estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos y acciones que disminuyan el riesgo de los ciudadanos a ser violentados”, expuso el legislador Javier Romo Mendoza.
¿Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS?
Dicha iniciativa incluye castigo a los servidores públicos que otorguen autorización, o permitan por acción u omisión la comercialización de equipos de telefonía móvil robados en espacios públicos abiertos.
El correctivo a los funcionarios va desde la inhabilitación y retiro del cargo, hasta prisión por dos años.
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