Toluca.- El Congreso del Estado de México autorizó el financiamiento municipal como parte del Paquete Fiscal 2026. La medida permitió a cada municipio contratar uno o varios créditos a tasa fija, con montos máximos definidos y reglas de pago.
Además, el aval estableció un límite anual. Por ello, las demarcaciones no pudieron exceder el 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).
Alcances del financiamiento municipal aprobado
La autorización definió montos individuales por municipio. De este modo, Ecatepec contó con la mayor capacidad de endeudamiento, al poder gestionar hasta 204 millones 601 mil 756 pesos.
Asimismo, el decreto precisó que cada municipio pudo contratar financiamientos dentro del tope autorizado. En consecuencia, el Congreso buscó ordenar el uso del financiamiento municipal.
Límite del FAIS y control legislativo
El acuerdo indicó que el monto contratado no rebasó el 25 por ciento anual del FAIS. Además, el esquema exigió control previo del ayuntamiento y revisión posterior del Congreso.
Por otra parte, la Legislatura analizó la capacidad de pago, el destino de los recursos y la fuente de pago. Es decir, el financiamiento municipal quedó sujeto a evaluación financiera.
Destino obligatorio de los recursos
El decreto estableció un uso exclusivo. Los recursos del financiamiento municipal se destinaron a inversiones públicas productivas.
Además, las obras y acciones debieron beneficiar a población en pobreza extrema y a localidades con alto o muy alto rezago social.
Rubros autorizados para inversión
Los recursos financiaron agua potable, alcantarillado y drenaje. También cubrieron electrificación, infraestructura de salud e infraestructura educativa.
Asimismo, el marco legal permitió acciones sociales básicas. En resumen, el financiamiento municipal se vinculó de forma directa con infraestructura social.
Requisitos para contratar financiamiento municipal
Los municipios requirieron autorización expresa de su ayuntamiento. Para ello, el cabildo aprobó un acuerdo específico.
Posteriormente, la Legislatura otorgó la autorización final. Sin embargo, el análisis incluyó capacidad de pago y destino del gasto.
Plazos de pago establecidos
El decreto fijó un plazo máximo de 730 días naturales para liquidar los créditos. Además, el pago no superó el periodo constitucional del gobierno municipal.
De este modo, los financiamientos pudieron contratarse en 2025 y 2026. No obstante, la liquidación debió realizarse antes del 30 de noviembre de 2027.
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