En Italia un total de 30 mil 692 delitos relacionados con el medio ambiente ocurrieron en 2017, cifra que representa 18,6 por ciento superior a la del año anterior, informó hoy la asociación Legambiente en su informe Ecomafia 2018.
Así lo reportó en la Cámara de Diputados la organización mediante un informe que aborda los actos criminales contra los recursos ambientales italianos.
El documento será reseñado por Stefano Ciafani, presidente de Legambiente, quien reportó un crecimiento desde el saqueo ambiental hasta las construcciones indebidas en detrimento del medioambiente, acciones que cobraron fuerza en las áreas de mayor valor natural y paisajístico.
Las hermosas costas de Apulia, Sicilia y Calabria cuentan con construcciones anárquicas, que además de desfigurar el paisaje ignoran los estándares de seguridad más básicos.
Además ese informe constituye una denuncia importante de los principales responsables de la contaminación del mar, ríos y lagos, donde el 96 por ciento de los residuos flotantes son plásticos que sofocan la vida marina.
El reporte anual señala que nunca antes en esta nación se realizaron tantas detenciones por delitos contra el medio ambiente como el pasado año, ni tantas investigaciones por el tráfico ilegal de residuos.
El mayor número de delitos se concentran en el tráfico de residuos con 24 por ciento; contra animales de la fauna selvática (22,8), por incendios forestales (21,3) y por construcciones ilegales en áreas protegidas, costas y playas (12,7).
El número de personas denunciadas se elevó a 39 mil 211, con un incremento del 36 por ciento; los registros efectuados fueron más de 11 mil, 51 por ciento superior al año precedente, en tanto cuatro regiones concentraron un 44 por ciento del total de las infracciones nacionales.
Contra el futuro
Por su parte el presidente de Legambiente, Stefano Ciafani, lamentó que la corrupción sea el principal enemigo del medio ambiente y de los ciudadanos, y se refirió a quienes desde cargos públicos, que en teoría debían garantizar el cumplimiento de las normas y la supremacía de interés colectivo sobre los privados, crean el cultivo ideal para prácticas corruptas.
La lucha contra los ‘eco criminales’, dijo, debe ser prioridad absoluta del gobierno, el Parlamento y de todas las instituciones públicas, así como de la sociedad, la económica y la política, en el que cada uno debe hacer su parte, de manera responsable.
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Source: El Ciudadano