La emisión de facturas falsas será tipificado como un delito de crimen organizado.
La votación será en septiembre, pero ya lleva el visto bueno de todas las bancadas.
Desde el Senado de la República se comenzó a hablar de reformas que tipifiquen el delito de defraudación fiscal y emisión de facturas falsas como crimen organizado.
Las penas llegarán también para quienes emitan y la enajenación de facturas falsas.
El proyecto se planea discutir durante el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre. El objetivo, dicen, es acabar con las empresas que emiten facturas falsas.
Así como atacar a las compañías que deducen operaciones simuladas, es decir, negocios fantasma.
Las penas que planean establecer al tipificar el delito como crimen organizado, van de los cinco a los ocho años de prisión contra quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales —facturas— falsos.
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La iniciativa es de los senadores Alejandro Armenta (Morena) y de Samuel García (Movimiento Ciudadano).
Dicha propuesta contempla incrementar el monto del perjuicio en la defraudación fiscal y su equiparable, así como la falsificación de facturas, al considerar la prisión preventiva oficiosa.
Al interior del documento, se puede ver la asesoría del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Cabe mencionar que la reforma cuenta con el respaldo de todas la fracciones legislativas.
Las modificaciones del delito señalan que se tomará como crimen organizado cuando el monto del fraude ascienda a tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
En caso de que a algún funcionario se le encuentre culpable del delito, el Código Fiscal de la Federación establece las penas que van de la destitución a la inhabilitación de uno a 10 años.
La modificación al Código Penal Federal estipula que la facturación falsa o simulada amerita responsabilidad penal para las personas morales.