Una reciente investigación ha revelado que un total de 220 activistas y 25 organizaciones enfrentaron represalias por colaborar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, menciona a México como uno de los países en los que se presentaron estos casos.
México se encuentra entre los países mencionados en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reveló que durante el periodo comprendido entre mayo de 2022 y mayo de 2023, más de 220 personas y 25 organizaciones en 40 países han sido amenazadas y reprimidas como consecuencia de su colaboración con las Naciones Unidas. En algunos casos, estas amenazas y represalias provienen de actores estatales.
Entre las naciones mencionadas se encuentran Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Francia, Guatemala, India, Irán, México, Nicaragua, Rusia y Venezuela.
Según el informe presentado ante el Consejo, los defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil están siendo cada vez más vigilados y enfrentan restricciones legales y amenazas, e incluso pueden ser encarcelados por colaborar con la ONU y sus diferentes mecanismos. Estas conclusiones fueron resumidas por Ilze Brands Kehris, asistente del secretario general para derechos humanos.
Como resultado de esto, se ha observado un aumento en el número de personas que optan por no colaborar con las solicitudes de ayuda de las Naciones Unidas, o que solo aceptan hacerlo si su participación se mantiene en secreto.
Alrededor de la mitad de los países mencionados en el informe han implementado legislaciones o han emitido leyes que penalizan la colaboración con las Naciones Unidas, argumentando la lucha contra el terrorismo o la protección de la seguridad nacional.
El documento expresa su preocupación por los marcos legales que han sido utilizados para discriminar y perseguir a los socios veteranos de Naciones Unidas en diferentes países. Estos marcos legales han sido utilizados para ilegalizar a algunos de ellos, registrar sus oficinas y someter a su personal a interrogatorios, amenazas y juicios.
Basado en datos proporcionados por la Agencia
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